Ante el atraso e incumplimiento en la ejecución de obras viales, factor de decisiva influencia en la siniestralidad en las diferentes rutas del país, la diputada nacional María Elena Martin (PS) solicitó a través de un proyecto de resolución la incorporación de una serie de disposiciones al marco regulatorio de las concesiones de los 6 corredores viales que finalizan el próximo 31 de octubre.

Entre otras cuestiones, la legisladora nacional solicitó que se tenga en cuenta el desempeño de los actuales contratistas, en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones en la gestión de mantenimiento, conservación y cuidado de la infraestructura vial existente, como así también los informes elaborados al respecto por la Auditoría General de la Nación, para la calificación de las empresas oferentes.

Asimismo, postula que se prevea la incorporación en los pliegos de dos obligaciones para los concesionarios: la realización de obras obligatorias como la ampliación de las rutas troncales de los corredores productivos (rutas 34, 33, 9 y autovía Rufino) que comunican zonas núcleos y atraviesan diversas provincias; y la delegación en el concesionario del poder de policía, respecto del control vehicular a los fines de la seguridad vial. Dicha delegación comprenderá la habilitación para solicitar constancia de inspección técnica obligatoria y para controlar las condiciones reglamentarias de circulación vehicular y cumplimiento del límite de velocidad de circulación establecido.

La auditoría realizada al promediar las actuales concesiones (año 2006), indica que “desde el inicio de la concesión, no se ha ejecutado ninguna obra en el plazo previsto en los pliegos técnicos”, y que “el Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) continúa sin garantizar un adecuado seguimiento de parámetros con incidencia directa en la seguridad vial”.

El mismo informe destaca una “marcada brecha entre los montos planificados y los denunciados como ejecutados. Se observa que del total del monto ejecutado ($94.374.010), gran parte se consumió en limpieza, corte de pasto y mantenimiento de bosquecillos ($59.829.679), y sólo se destinaron $9.578.610 a los ítem directamente relacionados con el mantenimiento de la carpeta asfáltica”.

“Frente a los datos expuestos, y si además se les suma el alto grado de siniestros ocurridos en rutas a cuyo cuidado están obligados los prestadores y sobre todo el Estado, estamos en condiciones de afirmar que esta realidad debe revertirse en las próximas concesiones”, finalizó la diputada Martin.