El diputado provincial bonaerense Damián Cardoso ha puesto bajo la lupa una adjudicación directa. Se trata del contrato para la construcción de una terminal de contenedores del puerto de La Plata, el cual motivó la intervención de la Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires, que rechazó la operación. El convenio fue firmado por el Consorcio de Gestión del Puerto de La Plata y la empresa Tecplata y contempla la construcción de una megaterminal que podrá operar 1.000.000 de contenedores anuales.

A su vez, el presidente del bloque de la Coalición Cívica, Jaime Linares, sostuvo que “los apuros no justifican de ninguna manera esta dudosa concesión de la administración Scioli”.

El diputado del PRO advirtió que se trata de un contrato directo a través del cual la autoridad portuaria cede 40 hectáreas de dominio público en una concesión por 30 años, prorrogables por otras tres décadas. A cambio, fue estipulada una inversión estimada en 210 millones de dólares en infraestructura, equipamiento y dragados sobre la cabecera del Río Santiago Este.

El primero en tomar cartas en el asunto fue el fiscal de Estado Ricardo Szelagowski, quien no convencido por los argumentos que defienden esta adjudicación directa, sostuvo que “el contrato ha sido pactado obviando sustanciar un procedimiento de selección que asegure la concurrencia en el acceso al negocio público”.

Cardoso elevó un proyecto de pedido de informe para que el Ejecutivo provincial aclare la situación, en el que también le exige dé a conocer las razones que pudieron haber llevado al Consorcio a obrar de tal manera al tiempo que le solicita explique si la participación de funcionarios públicos en actos en los que se anunciaron las obras implican un aval implícito al proyecto.

Linares sostuvo a su vez que “entregar una concesión en forma directa y por 60 años de una actividad estratégica como es una Terminal Polivalente de Contenedores en el Puerto de La Plata, es una metodología poco clara y sorprendente, sobre todo por el negocio multimillonario que significará el crecimiento exponencial de la logística a través de contenedores en los próximos años”.

Además advirtió que “la Provincia dispone de una ley de Iniciativa Privada que ha sido “ignorada” por el Consorcio presidido por el representante del gobernador Daniel Scioli y, no son justificables la urgencia -ahora- después de licitaciones fallidas por una política portuaria errática que ha caracterizado a ésta y la anterior gestión Provincial”.

“La ley sancionada a pedido del gobernador –agregó el legislador bahiense -, con el “apuro de siempre”, se adapta justamente a este tipo de inversiones que son necesarias, pero que deben tener el marco legal que evite las sospechas en el manejo de bienes del Estado”.

“Nos preguntamos entonces ¿para qué quieren herramientas legales si las ignoran cuando las necesitan? Esta es una demostración clara –una vez más- que el discurso, no condice con las practicas de esta gestión”.

Linares sentenció que “los funcionarios deben comprender que en su actividad privada pueden hacer el negocio que quieran, pero cuando gestionan bienes públicos, las acciones deben cumplir con normas que garantizan la transparencia aunque demanden más tramitación”.

Por último, el diputado de la CC razonó que “los apuros de hoy, en este caso, son producto de ineficiencias anteriores -a veces dudamos si no son deliberadas- y que no justifican, de ninguna manera, esta “dudosa” concesión de la administración Scioli”.