La Cámara de Senadores convirtió en ley el proyecto que establece presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglaciar con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua de recarga de cuencas hidrográficas.

En tal sentido, el proyecto sancionado establece una definición clara y precisa de lo que se entiende por glaciares y ambiente periglacial, prohíbe y/o restringe la ejecución de proyectos o actividades en ellos (por ej: la liberación de sustancias contaminantes, la construcción de obras de arquitectura, la exploración y explotación minera y la instalación de industrias, entre otros) , sus inmediaciones o áreas de influencia, e impone la obligación de inventariar y monitorear el estado de los glaciares a efectos de su protección.

Durante la defensa del proyecto, el titular de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Daniel Filmus, consideró que “es indudable que la valoración y protección de los glaciares, como ecosistemas que forman parte fundamental del entorno natural de nuestro país, y que representan una de las más importantes reservas de agua dulce para la región patagónica, debe ser reconocida e impulsada por una ley de la nación, en cumplimiento del deber que impone la Constitución a las autoridades de proteger el derecho de los habitantes a vivir en un ambiente sano y equilibrado.”

El senador porteño explicó en su exposición -en base a informes científicos presentados durante la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en 2002, en Johannesburgo, Sudáfrica- que ” aunque el 70 % de la superficie de la Tierra está cubierta por agua, solamente el 2.5 % del agua disponible es dulce, mientras que el restante 97.5 % es agua salada. A su vez, casi el 70 % del agua dulce está congelada en los glaciares, y la mayor parte del resto se presenta como humedad en el suelo, o yace en profundas capas acuíferas subterráneas inaccesibles. Consecuentemente, menos del 1 % de los recursos de agua dulce del mundo están disponibles para el consumo humano”.

La nueva ley crea el Inventario Nacional de Glaciares que deberá contener la información, ubicación, superficie y clasificación morfológica de los glaciares y del ambiente periglacial. Este inventario deberá actualizarse cada cinco años.

Asimismo, para aquellas obras que no se encuentren prohibidas se establece la obligación de la realización de un estudio de impacto ambiental que de cuenta de los efectos perjudiciales sobre los glaciares, a fin de evaluar su aprobación o no.