La senadora nacional Blanca Osuna calificó de “histórico” al anuncio realizado por la presidenta Cristina Kirchner de crear un nuevo Sistema Previsional Argentino basado en el sistema de reparto de base solidaria y de administración estatal y aseguró que “esta decisión se basa en la fuerte voluntad del gobierno de proteger los derechos de los trabajadores y garantizar la jubilación a los afiliados al sistema de capitalización en el marco de la actual crisis financiera mundial”.

“Con este proyecto enviado al Congreso, el Estado Nacional recuperará su rol de previsor social. Es una medida que va en la dirección que desde 2003 se viene tomando en materia de seguridad y previsión social. De esta manera se va ordenando una política sustantiva y clave para los trabajadores, que ha priorizado a los que han trabajado y aportado por sobre los intereses de los capitales que están detrás de las AFJP”, afirmó.

La senadora puso de relieve que este proyecto “ubica nuevamente al Estado como actor fundamental del sistema de reparto jubilatorio y significa la superación de políticas que postergaron a millones de argentinos y pusieron a los trabajadores como botín de las AFJP”.

Según Osuna, la importancia de este anuncio es que “el Gobierno reafirma su opción por la seguridad social como instrumento para impulsar políticas que mejoren la distribución del ingreso”, no sin antes mencionar otros pasos que ha dado este Gobierno en materia previsional, “teniendo como prioridad el beneficio y fortalecimiento del sector de los trabajadores y de los jubilados y pensionados”, acotó.

Respecto del proyecto, Osuna aseguró que “el mismo está respaldado y se enmarca en la política del gobierno de creación y dignificación del trabajo y de reconstrucción del sistema previsional argentino que comenzó en 2003, con progresivos aumentos de los haberes, la sanción de leyes de inclusión del sector, como la moratoria previsional, la libre opción jubilatoria y la jubilación anticipada por desempleo”.

En este sentido, resaltó la reciente aprobación de la ley de movilidad jubilatoria, a la que definió como “el respaldo legal que se necesita para obligar y responsabilizar al Estado a aumentar los haberes jubilatorios dos veces al año, en marzo y septiembre, acompañando la evolución salarial de los trabajadores en actividad y los recursos de Anses, más allá de quien gobierne”.