La jefa de bloque del socialismo Silvia Augsburger adelantó que "sin garantías acerca del uso y la administración de los fondos, el socialismo presentará su propio dictamen".
Así lo señaló la presidenta del bloque de diputadas del PS, Silvia Augsburger, luego de finalizada la ronda de consultas respecto al proyecto de traspaso de los fondos de las AFJP. “Por eso desde el socialismo creemos que esa ley debe tener garantías expresas de que los recursos serán para recomponer los haberes jubilatorios y no para financiar otras necesidades del gobierno nacional”, afirmó.
“Sin garantías acerca del uso y la administración de los fondos, el socialismo presentará su propio dictamen”, dijo Augsburger, quien agregó que “el oficialismo propone que después de 14 años de jubilación privada, los aportes vuelvan al Estado, pero no para el pago de jubilaciones y pensiones, ya que no se garantiza que su destino sean los propios beneficiarios”.
Augsburger sintetizó algunos de los puntos que, para el Socialismo, debería contener la futura ley: “creación de un Sistema Previsional Público único, basado en el principio de solidaridad inter generacional y contrapuesto al sistema de capitalización cuya lógica es la del mercado y el individualismo; afectación específica de los fondos al pago de haberes, retroactivos adeudados y sentencias firmes del sistema de jubilaciones y pensiones, y la prohibición expresa de invertir los recursos de los jubilados en determinados conceptos, garantizando la seguridad de los mismos y manteniendo su valor real”.
Además, debería considerarse una recomposición de todos los haberes de acuerdo a los criterios fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo Badaro, la modificación del índice de Movilidad Previsional, tomando en cuenta sólo la variación de los salarios de trabajadores en actividad y la devolución inmediata a los estados provinciales del 15% de la masa de recursos totales coparticipables que el Estado Nacional retiene en la actualidad, por imperio de la Ley 24.130 de ratificación del Pacto Federal Fiscal (Pacto I) del año 1992.