Desde la sanción en 1991 de la Ley de Transferencia de los Servicios Educativos y la Ley Federal de Educación, las políticas educativas destinadas a la población joven y adulta de la Ciudad han quedado relegadas a tal punto de desaparecer de la agenda, ya que los desencuentros políticos surgidos entre la bancada oficialista PRO y el bloque de la CC, abortó nuevamente este año el debate abierto para sancionar una ley de Educación, el que giraba en torno al proyecto del legislador Enrique Olivera, presidente del bloque de la Coalición Cívica.

En la Comisión de Educación que preside Olivera, el tema no figura en la nómina de asuntos a tratar. El debate iniciado a principios de este año quedó abortado por la resistencia del macrismo a abordarlo.

Aunque la “formación educativa” se ha convertido en un tema ineludible en la agenda política al momento de hacer referencia a la desocupación, como al concepto de desarrollo productivo y que en casi todos los programas de empleo o de contención social no deja de mencionarse la necesidad de incluir algún componente de formación o capacitación para los beneficiarios y aún más, desde el área educativa se ha insistido en la necesidad de que los jóvenes y adultos que reciban planes sociales terminen la educación básica y media, sin embargo, la Ciudad no puede consensuar su ley de Educación.

Más allá del interés puntual del Gobierno de cumplir con los 180 días de clases -pactado al inicio del ciclo lectivo- y de los sindicatos de mejorar sus haberes, queda un extenso menú para debatir, tanto en lo laboral y en lo pedagógico, porque nuevamente la norma educativa continuará siendo una deuda social de vieja data, ya que se vislumbra que la dirigencia política tampoco está dispuesta a saldarla en lo inmediato.

Hace 17 años que se implementó la transferencia de los servicios educativos, once de haberse declarado la autonomía porteña y dos desde que se sancionó la nueva ley de Educación nacional, que reemplazó a la Ley Federal de Educación y, la Ciudad no cuenta con un marco normativo acorde a su realidad.

Tres en danza

Hay tres proyectos de ley de Educación en el Parlamento porteño. La iniciativa de Olivera y que servía de eje del debate iniciado a principios del actual período legislativo, del legislador PRO, Marcelo Meis y del diputado kirchnerista, Christian Asinelli.

De los mismos se desprende, con los matices correspondientes, la coincidencia de que si bien no se puede predecir el futuro, existe la certeza de que la educación, la ciencia y la tecnología jugarán un papel central.

Las propuestas promueven, asimismo, una educación integral que forme ciudadanos, desarrollando todas las dimensiones de la persona y una adecuación a los cambios culturales, sociales y tecnológicos del nuevo siglo que afrontamos; el espíritu pluralista y democrático, es también, el denominador común que abunda en los respectivos textos de ley.

Los proyectos coinciden en señalar que el Estado establece, administra, regula y supervisa la educación impartida por las unidades educativas ubicadas dentro de su territorio y que debe garantizar a la población el acceso a la educación en todos los ciclos, niveles y a los regímenes especiales en los casos que correspondan. A tal fin es su obligación crear, regular y supervisar los servicios educativos necesarios dando activa participación a la familia como institución natural y agente primario de la educación y a la comunidad a través de sus organizaciones sociales.

En el mismo sentido, las propuestas señalan que la Educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social que deben estar garantizados por el Estado. Al respecto se remarca que constituye una política de Estado y que el mismo tiene la responsabilidad principal e indelegable de proveer una educación integral y de calidad, garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio de este derecho.

Debate pendiente

Parlamentario consultó a dos de los tres autores de los proyectos que tienen trámite legislativo y que los habilita para ser tratados. Ambos coincidieron en señalar que fue la “falta de voluntad política” por parte del Ejecutivo lo que impidió avanzar en el tratamiento de la tan meneada ley de Educación.

Sorprenderá, pero fue el legislador PRO, Marcelo Meis, impulsor del proyecto de ley 899 de 2009, quien más enfáticamente se pronunció respecto a la falta de voluntad política del macrismo para abordar el tema del sistema educativo porteño.

Al respecto dijo que “no hay voluntad política de sancionarla; en realidad no hubo hasta ahora; en la última charla que tuve con el ministro de Educación, Mariano Narodowski, me afirmó que él estaba de acuerdo con que se sancionara lo antes posible, pero lo concreto es que hasta ahora no se avanzó demasiado; creo que lo correcto sería que la Ciudad ya contara con una ley de Educación. Esto es lo que planteé en el recinto en oportunidad de la discusión abierta por el tema del aumento salarial docente; hay que discutir cómo mejoramos sustancialmente la Educación en la Ciudad y no solamente el nivel salarial, sino también de las cosas que importan para prestigiar de nuevo a la educación, como lo era hasta hace 30 años”, sostuvo el legislador.

En tal sentido, subrayó que “no hubo decisión política para que prospere la discusión y lograr un consenso. Si verdaderamente queremos revertir la situación actual de la educación pública que está bastante deteriorada”.

Meis asumió su rol de oficialista para afirmar que “la decisión política proviene de todos, obvio que quien gobierna es quien marca la tendencia, por eso me quedo tranquilo, por que sé que Narodowski va en ese sentido”, y agregó que “esta discusión tiene que darse, porque a la capacitación docente hay que darle un marco de regularidad y formalidad que hoy no la tiene. Hoy la capacitación deja mucho que desear. Sobre todo la que dan los gremios, hay que reformar toda la currícula”.

Pero Meis también confía. “Me ilusiono en pensar que después de este primer año de Gobierno en el que sancionamos leyes que el Ejecutivo necesitaba para su gestión, empezaremos a trabajar sobre algunas leyes marco que necesita la Ciudad, y entre ellas debe estar, sin dudas, la ley de Educación que nos merecemos los porteños”.

Mientras desde la oposición el legislador Christian Asinelli, autor de la propuesta que su espacio político impulsa, también adjudicó falta de voluntad política al gobierno de Macri para sancionar la ley, aunque confía que el próximo año “podrían” consensuarse los proyectos con estado parlamentario y aprobar un despacho único para que el sistema educativo porteño tenga su ley marco.

En tal sentido, Asinelli manifestó a Parlamentario que “es una deuda pendiente que tiene la Legislatura con la educación de la Ciudad”, y agregó que “este año hemos empezado con la discusión y creo que el año que viene podremos llevarlo a buen puerto”.

Asimismo, destacó que “es un proceso que resultará largo. Este año no se pudo discutir en profundidad, en primer lugar por falta de voluntad política de Macri, no quiere que el tema entre en debate, y en segundo término por todos los problemas que han tenido desde principio de año hasta ahora, llámese salarios docentes, útiles escolares, becas, cooperadoras, no deben haber tenido ganas de pensar en nada que pueda acarrearles más conflictos”. Asinelli dejó en claro que la sanción de la ley no debe ser a las apuradas.