La primera elección tras el Proceso fue ganada por la UCR, encabezada por Raúl Alfonsín. Este acompañamiento tuvo su correlato en la Cámara de Diputados pero no en la de Senadores. La primera contaba con 129 radicales (50,8%), 111 peronistas (43,7%) y 14 legisladores de otros partidos (5.5%). El Senado estaba compuesto por una primera minoría peronista de 22 legisladores (48%), 18 radicales (39%) y 6 de otras fuerzas (13%).

La Cámara baja totalizaba 254 diputados (3 menos que ahora, dado que Tierra del Fuego no era provincia y no tenía legisladores). Sus miembros eran elegidos proporcionalmente por provincia en base al sistema de reparto D’Hont y de acuerdo con determinadas reglas que había impuesto el Proceso: se otorgaba un piso de 5 legisladores a cada provincia, de modo que los distritos chicos quedaban sobre representadas. Esto tenía una explicación: las cúpulas del antiguo régimen confiaban en que las provincias -en general más conservadoras- elegirían de una forma más acorde a sus intereses.

En el caso del Senado, sus miembros eran electos en forma indirecta por las legislaturas locales. Como la mayoría de las gobernaciones y legislaturas estaban dominadas por el PJ, este partido también tenía la primera minoría en la Cámara.

En 1985 se volverían a elegir representantes en una elección intermedia. Por lo tanto algunos mandatos duraron dos años y otros, los cuatro reglamentarios. ¿Cómo se decidió quiénes caducarían en seguida y quiénes completarían su mandato? Fue un simple sorteo. Días después de la asunción del 10 de diciembre, por cada bloque elegían un número par o impar. Antes de finalizar ese año en una sesión se montó un gran bolillero en el lugar donde se ubica el Presidente de la Cámara. Personas imparciales iban sacando las bolillas.

Dado que en el primer año recibió la primera decepción -con la reforma sindical- Alfonsín advirtió que no le sería tan fácil el tratamiento de proyectos en el Senado sin contar con una mayoría propia. Por eso, algunas leyes tuvo que sacarlas por decreto. No obstante el número de decretos no sería tan importante como el de sus sucesores, lo cual demuestra que en el principio de la renovación democrática el Gobierno se apoyaba mucho más en el Congreso para gobernar.

Según distintos informes varía la cantidad de decretos que emitió Alfonsín en todo el período entre 8 y 25. Muy por debajo de sus sucesores. El gobierno de Raúl Alfonsín estuvo signado por la búsqueda permanente de generar transformaciones que luego chocarían con la cruda realidad. Tal vez el primer ejemplo de esto fue el proyecto de reforma sindical que significó un duro golpe para esa gestión a semanas de asumir. Uno de los principales argumentos de campaña del ex presidente fue la acusación del pacto militar-sindical. Por eso, el 21 de diciembre de 1983 -11 días después de la asunción- ingresó al Congreso un proyecto de ley de “reordenamiento sindical”, firmado por Alfonsín, Antonio Tróccoli (ministro del Interior) y Antonio Mucci (de Trabajo). Salió cómodo en Diputados y en el Senado no se sabía cómo terminaría todo hasta el último día. Allí el senador por Neuquén Elías Sapag anunció que votaría en contra. Luego de esto, el Gobierno radical debió reajustar sus pactos con los partidos provinciales para que colaboraran con su voto en el Senado.

El Gobierno dedicó importantes esfuerzos al tema derechos humanos y la reparación de situaciones heredadas del Proceso de Reorganización Nacional. En primer lugar la derogación por inconstitucional y declaración insanablemente nula de la ley de autoamnistía de los militares; luego, le siguió la ley que ordenaba el traslado de los detenidos por orden de un tribunal militar hacia tribunales civiles y la reforma al Código de Justicia Militar. Se dieron beneficios a los ex combatientes de Malvinas, una nueva ley de censura postal y el Plan Alimentario Nacional.

Se modificó la ley de Patria Potestad, para que ambos padres puedan decidir sobre el destino de sus hijos. Antes estaba reservado sólo a los varones. En 1987 se sancionó la Ley del Divorcio, con la cerrada oposición de la Iglesia que amenazó con excomulgar a los legisladores que votaran a favor.

Se firmó un Tratado de Paz y Amistad con Chile, poniendo fin a años de conflictos y se adhirió al Pacto de San José de Costa Rica.

La actividad parlamentaria durante el gobierno de Alfonsín tuvo dos manchas negras: las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Ambas llegaron como una forma de poner alivio a la presión militar; Alfonsín envió el 9 de diciembre un proyecto de ley al Congreso que establecía la caducidad de las causas contra militares que no se abrieran antes de determinada fecha; era una forma de darle “punto final” a los juicios. Los legisladores lo convierten en ley el 23 de diciembre, pero el Poder Judicial trabajó durante todo el mes de feria para abrir la mayor cantidad de juicios posibles. En abril se vivió un nuevo alzamiento militar que obligó a Alfonsín a pactar con los militares. Envió al Congreso la ley de Obediencia Debida que absolvió a los militares de rango intermedio y menor, que supuestamente sólo obedecían órdenes. La ley fue aprobada el 4 de junio de 1987. Ese año el radicalismo perdió las elecciones parlamentarias en lo que sería el fin del romance entre ese partido y la ciudadanía. Los dos años siguientes significaron un traspié tras otro. Alfonsín, finalmente debió irse del poder en medio de una brutal hiperinflación y crisis económica. Se fue unos meses antes de que concluyera su mandato, reemplazado en 1989 por el presidente electo Carlos Saúl Menem.

La economía, la prioridad

Sin lugar a dudas el rol jugado por las cámaras de senadores y de diputados durante la gestión de Carlos Menem, paradójicamente hoy sentado en una banca hasta el 2011, fue estratégico para su proyecto ideológico.

Claro que no es el único protagonista de la inolvidable década menemista que integran hoy una de las dos cámaras y que en aquellos años también formaron parte.

Eduardo Fellner hoy es la máxima autoridad de la Cámara baja, Miguel Angel Pichetto es jefe de la bancada de senadores del oficialismo. Ambos por supuesto integran el lote de operadores del kirchnerismo cuyos jefes, es decir la pareja presidencial, practican el deporte de denostar a CM y la política neoliberal de los noventa.

Claro que Fellner y Pichetto no fueron los únicos que votaron leyes que hoy condenarían. También figuran en esa lista Patricia Bulrrich, Beatriz Daher, Alberto Herrera, Marcelo López Arias (de licencia), Emilio Martínez Garbino, Oscar Massei, Mabel Müller, Mario Santander y Carlos Snopek en la Cámara baja, mientras que en la Alta, además de Pichetto y Menem, están ocupando una banca Adriana Bortolozzi de Bogado, Hilda González de Duhalde, Guillermo Jenefes, Roxana Latorre, Julio Miranda y Ramón Saadi, todos ellos como diputados en aquella década, mientras que Carlos Reutemann y Juan Carlos Romero eran senadores.

La mención de sus nombres no los hace partícipes directos de los hechos más rutilantes de la década, sino testigos directos desde la bancada del PJ.

Un inventario que da cuenta primordialmente de las privatizaciones de Aerolíneas Argentinas, Gas del Estado, YPF, Banco Hipotecario, entre otras, como se reflejan en las páginas de Parlamentario y en los sitios web de información de ambas cámaras.
Precisamente la privatización de Gas del Estado fue uno de los íconos de escándalos con las denuncias de corrupción a cargo del entones diputado nacional Luis Saadi, hoy empleado de la Cámara alta. Empero, la más grave de todas de las acciones cometidas en Diputados bajo la batuta de Alberto Pierri fue la presencia en el recinto de un asesor para completar el quórum que alumbró la figura del “diputrucho”.

Claro que la ampliación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no le va en zaga. Fue la votación más fugaz que se recuerde en la historia; duró un par de minutos, y como no podía ser de otra manera, en horas de la madrugada, al estilo Pierri.

Tanto en el Senado como en Diputados, la privatización del Correo Argentino forma parte del top five de las irregularidades y de la irrupción de un personaje más que polémico hoy muerto: el empresario Alfredo Yabrán enfrentado con el superministro de Economía Domingo Cavallo, que deparó su interpelación en el recinto. El mismo promotor de la creación de las AFJP un 14 de abril del 94 y que hoy está en lista de estatización.

Movidas que generaron resistencia de más de un diputado, en el caso del oficialismo de la entonces legisladora Cristina Fernández de Kirchner y de la oposición de Carlos “Chacho” Alvarez.

Y en el plano político la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final implicó una bisagra en el juicio a los acusados de crímenes de lesa humanidad. Claro que al igual que otras acciones de la década menemista, el kirchnerismo las anuló.

Claro que no se puede soslayar el tratado sobre los Hielos Continentales, donde el Senado tanto de Argentina como el de Chile en 1998 consensuaron medidas tendientes a acordar los límites, o la del Cupo Femenino en 1994, con la exigencia que la representación de la mujer llegue al 30%. O la Defensa del Consumidor, o la reformulación de las FF.AA. y la derogación del servicio militar obligatorio.

Precisamente ese año se cristaliza la reforma de la Constitución con la masiva presencia de senadores y diputados nacionales en calidad de constituyentes. El nuevo texto recoge los nuevos derechos sociales, políticos, de medio ambiente y hasta los derechos indígenas. Empero, el plato fuerte fue el de la reelección presidencial por un periodo más y en el plano legislativo el informe mensual del jefe de Gabinete y la creación de los DNU. Carlos Menem fue el beneficiario directo de esta reforma como todos los señalan a partir de un acuerdo entre el PJ y la UCR.

La ley Federal de Educación, lo mismo que el Fondo Nacional de Incentivo Docente generaron el rechazo de los gremios docentes que levantaron la Carpa Blanca a lo largo del 98, y hoy un árbol lo recuerda en la Plaza de los Dos Congresos.

Sin lugar a dudas la síntesis del andar legislativo se da en el plano de las leyes económicas, las que fueron aprobadas más allá de las quejas internas, aunque como lo admiten en la intimidad más de un legislador de esa época y hoy también, “por lo menos en el menemismo se podía discutir algo, ahora nada, nada de nada”. Y citan el caso de la Ley de Patentes, donde creció la figura del entonces jefe del bloque Humberto Roggero, en disidencia con Domingo Cavallo que promovía una propuesta pergeñada por la Embajada de Estados Unidos.

Una de las anécdotas que quedan en la memoria legislativa de esa década fue el sonoro cachetazo propinado por la frepasista Mary Sánchez al entonces titular de la bancada del PJ, Jorge Maztkin.

La década en el ámbito del Congreso no se redujo a situaciones como la descripta. En 1992 Semanario Parlamentario comenzó con la entrega de los Premios Parlamentario a los legisladores más laboriosos de ambas cámaras, mediante el voto de los propios diputados, senadores, asesores y periodistas acreditados en la Casa de la Democracia. Los primeros ganadores fueron el entonces senador Oraldo Britos y el diputado Jorge Vanossi.

Fueron años signados por leyes económicas -diputrucho incluido- en sintonía con lo que sucedía fuera de los límites de Argentina, que tuvo su continuidad en el andar radical como se aprecia en los siguientes párrafos.

Crónica de una muerte anunciada

La Alianza asumió en el Gobierno un 10 de diciembre de 1999. Había obtenido un 48,3% y tenía por delante varios desafíos. Prometía transparencia, dar mayor participación del Estado en la economía y solucionar los problemas sociales que había conllevado el modelo menemista. Pero en lo político tenía un desafío aún mayor: demostrar que era posible que una coalición de dos partidos distintos pudiera gobernar. No lo fue.

Ya desde el principio se notaron algunos problemas fundamentales en la coalición de Gobierno. Los primeros en escindirse fueron los socialistas democráticos, encabezados por Alfredo Bravo y Héctor Polino, y la hoy líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió.

La primera ley importante que tuvo que gestionar ese Gobierno fue un impuestazo. Se le llamó coloquialmente “la tablita de Machinea”, en referencia al ministro de Economía de la Alianza. Era básicamente un incremento en el Impuesto a las Ganancias, que supuestamente era necesario para cerrar el déficit que había dejado el Gobierno de Menem, que era de 13 mil millones de dólares anuales.

Ya desde las filas oficialistas hubo algunas críticas por lo bajo, teniendo en cuenta que la coalición había llegado con un discurso contrario a los recortes menemistas. Pero se dio un primer respaldo a ese Gobierno. El siguiente conflicto llegó por la sanción de la denominada “ley del arrepentido”, que flexibilizaba la legislación para aquellas personas comprometidas con casos de terrorismo que aportaran información útil. La ley se aprobó el 27 de enero de 2000 y recibió muchas críticas por parte de lo que luego sería el primer ARI y algunos otros.

Tras eso, llegó la reforma laboral aprobada en diputados el 24 de febrero de 2000. Los rechazos al interior de la coalición gobernante aumentaban. En diputados se opusieron Eduardo Macaluse, Elsa Quiroz, Enrique Martínez, Ramón Torres Molina, Jorge Rivas, Marcela Bordenave y Alicia Castro, además de Carrió, Polino y Bravo. La historia posterior ubicaría luego a cada uno de ellos en veredas distintas. El 26 de abril se sancionó en el Senado. Muchos legisladores de la Alianza sentían que la traición se había consumado. A instancias del senador Antonio Cafiero que alertó sobre las versiones circulantes, el vicepresidente Carlos “Chacho” Alvarez, que al principio defendía las acciones gubernamentales sin mucho convencimiento pero con énfasis, denunció que para aprobar la reforma laboral se tuvieron que pagar coimas a los senadores del PJ. Así empezaría uno de los mayores casos de corrupción de la política argentina.

El Gobierno parecía no ir para ningún lado y eso se sentía en el Congreso. Hasta los mismos radicales criticaban la gestión De la Rúa por lo bajo. En mayo se envió otro ajuste: esta vez era un 10% para los empleados públicos. El PEN siguió sumando disidencias en el Congreso. Elisa Carrió cuenta orgullosa que por esos días encaró a De la Rúa y le dijo: “O usted se desprende de los obsecuentes y trepadores que lo están rodeando, y gobierna con y para el pueblo, o usted terminará en la soledad al lado de quienes sólo buscan defender sus intereses más espurios. O combate las mafias o las mafias se apoderan de usted”.

Mientras el país seguía con serios problemas financieros, en octubre se decide el primer cambio de gabinete. De la Rúa asciende a Alberto Flamarique y el vicepresidente Alvarez se siente deslegitimado (lo había denunciado por complicidad por los sobornos del Senado). El 6 de octubre, Chacho renunció a su cargo.

Se intentaron todo tipo de maniobras financieras para paliar la crisis. Pero nada fue suficiente. El 6 de marzo de 2001, renunció Machinea y asumió Ricardo López Murphy quien apenas duró 10 días, tras presentar un plan de ajuste fenomenal. No aguantó las presiones y asumió una versión “heterodoxa” de Domingo Cavallo quien volvió a enviar un paquete de leyes al Congreso. El impuesto al cheque, algunos cambios impositivos, la denominada “ley de competitividad” -que eximía de impuestos a algunos productos-. También la ley de canasta de monedas, que decía que cuando el dólar y el euro estén uno a uno -algo impensado por entonces-, la Convertibilidad haría un promedio de ambas. Pero sin dudas, la ley que más marcaría esa época y las siguientes fue la de Superpoderes. Se le daba al ministro de Economía facultades legislativas. “La Alianza seguirá unida. Hay que seguir poniendo el hombro y trabajaremos juntos en la Cámara de Diputados”, declaraba el titular de la bancada de la Alianza, Darío Alessandro, hoy embajador en Cuba.

En mayo de ese año se creó la Comisión Especial Investigadora sobre Hechos Ilícitos Vinculados al Lavado de Dinero en Argentina, presidida por Elisa Carrió. La integraban Gustavo Gutiérrez, José Vitar, Graciela Ocaña, Daniel Scioli, Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Soria, Margarita Stolbizer, Horacio Pernasetti y Franco Caviglia. El tema generó un escándalo en toda la sociedad.

El 14 de octubre hubo elecciones a diputados. Ganó el voto bronca (en blanco más impugnaciones), pero dado que eso no tiene representación parlamentaria, el peronismo pasó a ser mayoría en las dos cámaras. Apenas asumieron los nuevos legisladores, el 10 de diciembre de 2001, el peronismo le quitó a la Alianza la presidencia provisional del Senado: Ramón Puerta reemplazó a Mario Losada. Lo mismo hizo con la presidencia de la Cámara baja: Eduardo Camaño reemplazó a Rafael Pascual. La última jugada, pocos días antes del final, fue que ambas cámaras sancionaron la coparticipación del impuesto al cheque. Con esto dejaban aún más débil a un Gobierno con un déficit gigante que ya había tenido que crear un “corralito” para evitar mayores corridas bancarias. El final ya es conocido.

El breve interregno de Adolfo Rodríguez Saá sólo dejó una imagen respecto al Congreso. Los aplausos al anuncio del default, luego de que una Asamblea Legislativa lo nombrara presidente provisorio. En siete días no hubo mucho más que eso. El puntano renunció, Eduardo Camaño asumió por dos días y el 1° de enero de 2002 el Congreso elegía a un senador para ejercer la presidencia. Eduardo Duhalde. Su primer pedido al Congreso fue que derogue la Convertibilidad y que se pesifique “asimétricamente” la economía. Recibió el respaldo del PJ y el radicalismo el 6 de enero de 2002 en un claro regalito de reyes.

En los meses siguientes, Duhalde instó al Congreso a sancionar una serie de pedidos que en realidad provenían del Fondo Monetario Internacional. Dos leyes resultaban claves: la modificación a la ley de quiebras y otra a la ley de Subversión económica. La primera pasó sin más problemas. Pero la segunda no fue tan sencilla. En Diputados fue rechazada y hubo que modificar el proyecto sobre la marcha para darle aprobación. En el Senado apenas se consiguió un empate gracias a que la senadora Amanda Isidori (UCR-Río Negro) se levantó de su banca por orden del gobernador de su provincia. Como ella no votó, se forzó el empate y el entonces presidente provisional, Juan Carlos Maqueda dio su voto positivo. Eso evitó la renuncia de Eduardo Duhalde a la presidencia.

Luego de eso, las cosas para Duhalde se calmaron, al menos en lo que hace a la política parlamentaria. En junio se dio la masacre del puente Avellaneda y Duhalde adelantó la convocatoria a elecciones. El 25 de mayo de 2003 asumió Néstor Kirchner

El Congreso como escribanía

El primero en citar la frase fue el ex diputado demoprogresista Alberto Natale. Al principio de su gobierno Néstor Kirchner le imprimió un sesgo distinto a la gestión. Muy operativo, dictaba medidas por sorpresa y exigía aprobación rápida de las leyes y sin mucha discusión. Se trabajaron muchas leyes importantes, muchas de ellas promovidas desde el propio Ejecutivo. Lo curioso, como se mencionaba más arriba, es que los propios legisladores menemistas ahora apoyaban medidas exactamente opuesta: anulación de Obediencia Debida y Punto Final, juicio político a varios miembros de la Corte Suprema, reducción del máximo Tribunal, entre otras. También se apoyó el canje de la deuda externa y el Senado tomó un papel más importante en la designación de los jueces de la Corte, gracias al decreto de autolimitación dictado por Kirchner. Se sancionaron tres importantes leyes educativas que, tras intensos debates lograron los consensos suficientes: la vuelta a la educación técnica, la de financiamiento educativo y la Ley Nacional de Educación.

¿Por qué entonces se dice que el Congreso fue una escribanía durante estos años? Aquí la contracara: se prorrogó inexplicablemente la emergencia económica que había sido creada para dar herramientas al Ejecutivo en tiempos de creciente pobreza y déficit fiscal. Aumentaron fuertemente los decretos de necesidad y urgencia, y cuando se sancionó una ley para reglarlos, se hizo de manera muy permisiva hacia ese instrumento. Y por si fuera poco, se sancionó una ley para dar facultades al jefe de Gabinete para reasignar partidas presupuestarias. Esto hizo que la denominada ley de leyes, el Presupuesto, se vaciara de sentido.

Muchos temas importantes se dejaron de discutir o se discutían a libro cerrado sin posibilidad de introducir modificaciones. Debates que en otras gestiones duraban días se terminaban en minutos u horas. El Gobierno reformó el Consejo de la Magistratura en una ley que le permite controlar ese órgano.

Pero fundamentalmente, los legisladores a título individual perdieron su potestad de proponer leyes que verdaderamente sean importantes. Más allá de las declaraciones o los pedidos especiales para sus distritos de origen, tanto oficialistas como opositores perdieron autonomía: nada sale sin el aval del Gobierno. Y eso termina vaciando de contenido a las instituciones.

El 17 de julio de 2008, en el Senado se cerraba esa etapa con el debate por las retenciones móviles que había tenido en vilo al país durante varios meses. Se llegó a un empate gracias a los votos de algunos oficialistas disidentes. Finalmente el vicepresidente, Julio Cobos dijo: “Que la historia me juzgue, pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo, mi voto es en contra”.

A partir de ahí, la historia del Congreso se cambiaría aunque no sabemos a ciencia cierta cómo seguirá evolucionando.