El bloque Encuentro Popular y Social que integran los diputados nacionales Ariel Basteiro, Cecilia Merchán, Victoria Donda y Vilma Ibarra consideró que las reuniones y los debates que tuvieron lugar esta semana en la Cámara baja en relación al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para unificar el sistema integrado de jubilaciones y pensiones en un único Régimen Previsional Público, permitieron ratificar la necesidad de volver al sistema solidario de reparto en manos del Estado.

Sin embargo, desde el bloque se impulsarán modificaciones, aunque los legisladores apoyarán en general al proyecto impulsado por el Gobierno.

Cecilia Merchán afirmó que “la ley debe dejar explícitamente señalado que los aportes pasados que hoy recupera el Estado y los futuros, provenientes de todos los trabajadores, no se pueden utilizar para pagar deuda”.

En tanto, Victoria Donda indicó que “también es función del sistema previsional aportar a la construcción de un país mejor que provea una mayor calidad de vida a los propios aportantes cuando devengan en jubilados y jubiladas. Todo ello ejecutado con adecuados mecanismos de control, que cuenten con la más amplia participación de la sociedad civil en ellos y no solo de miembros del parlamento nacional”.

“Este proyecto sirve para que recuperen seguridad en su futuro tanto los actuales como los próximos jubilados. Esta medida es una de las más importantes que ha tomado el Gobierno, animándose a recuperar algo que los partidos políticos populares, las centrales de trabajadores, las organizaciones de jubilados, los movimientos sociales, los organismos de derechos humanos, especialistas y los integrantes de los colegios de abogados venían planteando: la necesidad de eliminar el sistema de capitalización y ponerse en correlato con la Constitución nacional y los pactos internacionales sobre el rol que el Estado debe tener en la seguridad social y en los derechos provisionales”, señaló el presidente del bloque, Ariel Basteiro.

Entre las modificaciones que propuso el bloque, se solicitó respecto a la deuda incorporar en el artículo 7 el siguiente párrafo: “Los recursos propios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) no podrán ser destinados al pago de deuda pública, es decir, a la cancelación de ningún tipo de obligación contraída por el Estado Nacional en virtud de empréstitos asumidos con entidades financieras internacionales, gobiernos extranjeros o clubes de acreedores”.

Proponen a su vez establecer pautas concretas respecto al tipo de inversiones que se pueden realizar con los fondos acumulados en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional Público de Reparto (FGS). Las nuevas pautas, en caso de ser incorporadas, establecerían que en Plazos Fijos en el Banco de la Nación Argentina se podrá invertir hasta un 20% de los fondos; en Fideicomisos nacionales (100% participación estatal) que emitan certificados de participación para la realización de obra pública hasta un 30%; en préstamos blandos a través del Banco Nación para las Pymes y cooperativas de sectores productivos afectados por la crisis económica hasta un 40%; y en Fideicomisos financieros para consumo de bienes durables: hasta 10%.

“De esta manera, se priorizaría la inversión productiva, la generación de empleo genuino, el apoyo a los medios productivos y la reconstrucción de una matriz productiva diversificada”, explicó Basteiro.

Por otra parte, el bloque impulsa una modificación respecto de la integración de la Comisión de Seguimiento del FGS mediante la cual, debería incorporarse un representante de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y el ombudsman de la tercera edad.

Por último, el bloque pide que, mediante el artículo 11, el Estado nacional garantice la preservación del empleo a la totalidad de los dependientes de las AFJP.