Claudia Bernazza, diputada nacional del FpV por la provincia de Buenos Aires, presentó un proyecto de ley que tiene por objeto garantizar el derecho a la identidad de las personas adoptadas, estableciendo los medios y recursos necesarios para hacerlo efectivo y constituyendo obligación de los adoptantes dar a conocer al adoptado su identidad de origen.

Para la legisladora nacional “una sociedad que desconoce la cultura de este continente, sus situaciones de injusticia y despojo, el dolor de miles de familias quebradas a lo largo de recorridos históricos que cercenaron el futuro de sus hijos, se da a sí misma un relato que la conforta a partir de la sustitución de acciones de reparación social por gestos filantrópicos individuales. La adopción no debe participar de este discurso, sino que debe abrevar del espíritu solidario que nuestro pueblo ha expresado a través de padrinazgos y prácticas de crianza compartida, donde familias ampliadas y miembros de la sociedad han reparado lo lacerado, operando como complemento y colaboración pero nunca como reemplazo de la cultura, la identidad y la historia de cada ser humano”.

Este proyecto protege el derecho a la identidad de toda persona menor de edad que ha sido adoptada en el marco de los institutos previstos legalmente o fuera de ellos, incluyendo los casos en que exista sospecha de inexistencia de vínculo biológico, como un derecho personalísimo con jerarquía constitucional. Asimismo, protege el derecho a la salud que puede verse menoscabado ante el desconocimiento de la identidad de origen.

Cabe resaltar que con esta iniciativa se establece la obligación de los adoptantes de dar a conocer la identidad de origen a la persona adoptada, conforme lo acordado con el juez de la causa durante el proceso de adopción y según los términos y plazos que se acuerden en sede judicial. Los adoptantes deben cumplir con esta obligación antes que la persona adoptada adquiera la mayoría de edad, conforme la modalidad y oportunidad acordada con el juez que intervino en la causa.

También este proyecto establece que si se comprobare o existiere razón fundada de incumplimiento de la ley, el juez dictará las medidas que estime conveniente para efectivizar su cumplimiento, incurriendo en falta grave si así no lo hiciere y cuando los adoptantes no dieren cumplimiento a la obligación que establece este proyecto de ley y las personas adoptadas sean menores de edad, se dará intervención al Ministerio Público para promover todas las medidas conducentes a la protección de la identidad.

El derecho que goza toda persona que ha sido adoptada en resguardo de su identidad de origen implica: conocer la naturaleza del vínculo, saber los datos personales de sus padres biológicos, conocer la composición de su familia biológica, así como su identidad cultural y entablar vínculo o revincularse con su familia biológica y su comunidad de origen, conforme su voluntad.

Al respecto el proyecto sostiene que la identidad es un derecho constitutivo de todo ser humano, que se ejerce a partir del conocimiento de su historia. Este derecho, que se asienta en lo biológico pero lo trasciende, se fundamenta en la necesidad de responder preguntas existenciales a la luz de un pasado que, conocido, define una historia única e irrepetible.

Para Claudia Bernazza “el derecho a la identidad de origen es un derecho personalísimo e inescindible de la integridad y la dignidad de toda persona. Debe ser respetado por todos y no puede verse menoscabado, por lo que debe ser garantizado por el Estado. Sin embargo, opera una suerte de tolerancia social a la realidad de padres adoptivos que ocultan a sus hijos adoptados su verdadero origen, atentando así contra el derecho a la identidad de estas personas menores de edad. Esta tolerancia generó un clima cultural propicio a la producción de relatos distorsionados en nombre de la protección de los involucrados. Esta práctica dio justificación a la apropiación de bebés ocurrida en la última dictadura, con las consecuencias por todos conocidas”.

Ante la importancia de resguardar un derecho humano esencial la legisladora afirma que “resulta imperioso legislar sobre el tema, ya que no sólo se encuentra en juego el derecho a la identidad de origen sino también el derecho a la salud, tan fundamental como el derecho a la vida misma. El conocimiento del verdadero origen de una persona permite contar con patrones genéticos a través del ADN, una herramienta para enfrentar y evitar patologías genéticas o salvar vidas. Desconocer el verdadero origen implica riesgos a sufrir enfermedades genéticas, impedimento de recibir trasplantes, puede llevar al incesto y al padecimiento de daños psicológicos”.

Asimismo, en los fundamentos del proyecto puede leerse que una ley que obligue a los adoptantes a dar a conocer la identidad de origen a la persona adoptada así como la garantía de que esto se cumpla en sede judicial, constituye un principio fundamental que requiere una urgente satisfacción. No puede aducirse el “interés superior del niño” para eludir este derecho, pues es en base a dicho interés que debe efectivizarse esta obligación.

Para Bernazza, el velar por el cumplimiento de los artículos 7 y 8 de la Convención Internacional por los Derechos del Niño “condujo a poner en evidencia una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que los hijos de desaparecidos y los hijos de mamás en estado de indefensión social, generalmente menores de edad, comparten mecanismos de despojo en común en los que se arrebata la identidad tratando al niño como un objeto y no como “sujeto de derechos”. No puede pensarse el desarrollo de la vida de una persona menor de edad basado en la mentira, falsa información u ocultamiento de su identidad”.