Legisladores de la oposición se quejaron por lo que denunciaron como “oscuridad” en el manejo financiero de la campaña electoral oficialista.
Atentos a la aparición de personas que niegan haber donado fondos para la campaña de Cristina Fernández de Kirchner, legisladores de la oposición reclamaron la intervención de la justicia para investigar esta situación.
La especie fue detallada en su edición de este lunes por el matutino La Nación, tras lo cual su sitio en Internet recogió las opiniones de diversos legisladores que mostraron su inquietud sobre la cuestión.
Al respecto, el diputado de la Coalición Cívica Fernando Sánchez consideró que los gastos de la campaña oficialista “están dibujados” y advirtió en tal sentido que lo que el kirchnerismo necesitaba “no era dinero, sino nombres” para “lavar dinero que venía de distintas cuentas del Estado y que se uso para hacer proselitismo”.
Señaló el legislador que desde el oficialismo intentan “convencernos de que gastaron 17 millones de pesos, cuando en la realidad la cifra no baja de 70 millones. El dinero fue obtenido ilegalmente y, también ilegalmente, gastaron cuatro veces más de lo declarado”.
En declaraciones a lanacion.com, el diputado Federico Pinedo consideró que esta situación plantea “el blanqueo de dinero de origen inexplicable”. El diputado del PRO señaló que “el kirchnerismo se financió históricamente de manera dudosa”, pero advirtió que el hecho de que “se llegue al límite de blanquear plata negra usándole el nombre a la gente y violando su intimidad es impresionante”.
A su juicio, desde el Gobierno “se manejan acostumbrados a los superpoderes, como si creyeran que las leyes a ellos no se les aplican”, y agregó que también parte de los fondos de las AFJP se usarán con intención electoral el año próximo si la reestatización del sistema previsional que impulsa el Gobierno finalmente se convierte en ley.
También ante el sitio del matutino La Nación, el senador Luis Naidenoff aclaró que “no sólo se está dando el supuesto delito de uso indebido del nombre, sino también del presunto delito de falsificación ideológica”.
El senador formoseño advirtió también sobre la necesidad de reforzar el control de los fondos electorales, por cuanto “no puede ser que la máxima sanción prevista sea la quita de los aportes del Estado al partido político que comete irregularidades o que empresas concesionadas en las que el Estado tiene participación, como Marsans, puedan aportar”.
