En el marco de un encuentro realizado en la Cámara de Diputados, legisladores y representantes de organizaciones de derechos humanos discutieron en torno al Protocolo Facultativo contra la Tortura y la implementación del Mecanismo Nacional de Prevención.

Del evento, organizado por la diputada Victoria Donda y el Centro de Estudios Legales y Sociales, participaron el titular de este organismo, el periodista Horacio Verbitsky, y Margarita Uprimny, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre otros.

También estuvieron los diputados Remo Carlotto (Frente para la Victoria), Emilio García Méndez (Solidaridad e Igualdad), Silvana Giudici (Unión Cívica Radical) y Hugo Prieto (De la Concertación), quienes debatieron el rol del Congreso en la elaboración y puesta en marcha del Mecanismo Nacional De Prevención.

En ese marco, Verbitsky denunció que "en los lugares de detención el Estado trata a las personas como si fueran de otra especie, privada de derechos" y afirmó que en esos lugares se producen "torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes contra los más vulnerables".

Por su parte, la diputada Donda Pérez hizo hincapié en "los elevados porcentajes de detenidos sin sentencia firme que se registran en el país" y destacó que "las cárceles están llenas de pobres".

Con números en la mano, la diputada destacó que "el 54% de los presos tienen entre 21 y 30 años y el 80% menos de 40". Asimismo se quejó porque "hay una superpoblación carcelaria que es alarmante, el sistema se encuentra colapsado".

En otro panel participó también Mario Coriolano, miembro del Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, quien sostuvo que "el debate con los legisladores resulta fundamental para lograr que antes de fin de año se sancione una ley y se genere un mecanismo de protección creíble".

Por su parte, los diputados participantes en uno de los paneles coincidieron en la necesidad de que el Parlamento tome la iniciativa en este temática, mientras que Carlotto lamentó que el proyecto "no haya sido enviado a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara".