“¿En qué quedamos?”, se preguntó el titular de la UCR, Gerardo Morales, y explicó que “los fondos son de los trabajadores o son de un sistema solidario de reparto y que pertenecen al conjunto de la sociedad argentina y, en consecuencia, son del Estado”.

Para el senador jujeño, “el Gobierno cada vez se enreda más, perdió la brújula y se pone peligrosamente en riesgo de juicio, no sólo ya con los fondos buitres, a partir del fallo del juez Griesa en Nueva York, sino que, con estas declaraciones, lo que hace la Presidente es abrir la posibilidad de juicios legítimos de 4 millones y medio de trabajadores que tiene sus aportes en cuentas de capitalización”, aseguró Morales. “Que la Presidente no aclare que oscurece”, advirtió.

“La precariedad y la improvisación con que ha presentado el Gobierno el proyecto de ley para terminar con las AFJP y el sistema de capitalización es de una gran irresponsabilidad”, destacó el líder radical, quien reclamó al Fobierno que “disponga en forma inmediata un aumento de los haberes en jubilaciones y pensiones no inferior al 10 %, haciéndose efectivo con el cobro de noviembre”, tal como había comprometido el oficialismo en el debate sobre la movilidad.

En la discusión de la ley de movilidad en el Senado, uno de los puntos que surgieron en las audiencias convocadas fue sobre el primer aumento de los haberes, que según el texto legal sería en marzo de 2009. Sin embargo, “en un contexto inflacionario como el actual el solo transcurso de más de seis meses de espera para los jubilados y jubiladas significa una nueva merma en el poder adquisitivo real de sus jubilaciones. Así, varios de los funcionarios del Poder Ejecutivo nos transmitieron la certeza de que, independientemente de la aplicación de la prevista en la nueva ley, se dispondría de un aumento en el transcurso de este año para todos los haberes de nuestra clase pasiva. Incluso el presidente del bloque del FpV usó este argumento en su participación en el recinto”, destacó Morales, quien presentó ayer viernes 31 de octubre un proyecto de resolución que expresa la decisión de la Cámara alta de conceder una mínima parte de lo que le corresponde a los pasivos por derecho propio.

En el mismo sentido, el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, presentó un proyecto donde declara el rechazo “a cualquier tipo de intento de modificación de la movilidad establecida por Ley 24.016 para el sector docente”. A la vez, ratifica “la plena vigencia de estas normas”, instando al Poder Ejecutivo a no apartarse del sistema vigente.

La ley 24.016 estableció un sistema jubilatorio específico para los docentes, el que establecía una movilidad de los haberes del 82%. Sin embargo, su aplicación trajo consigo diversas dificultades. Entre ellas, la de la operatividad de la movilidad. “Sería intención del PEN insistir en interpretaciones que se alejan de este concepto”, advirtió Morales. “Por medios periodísticos surge la noticia de que el kirchnerismo pretende un nuevo sistema desde marzo de 2009, la misma fecha en que se dará el primer ajuste por la nueva fórmula de movilidad del sistema general”, agregó.

Al respecto, aclaró el radical: “Para los docentes no habrá una definición previa de los meses en que se darán los aumentos: la recomposición se hará cuando suban los salarios tal como indica la ley y ha interpretado la Justicia”.