El rechazo en su totalidad de la ley sancionada -por unanimidad- en el Senado de la Nación el 22 de octubre último que impulsa la protección de los glaciares con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua de recarga de cuencas hidrográficas, es un traspié legislativo de singular importancia. No es para menos, pues en pocas oportunidades el Ejecutivo no convalida una norma sancionada por senadores y diputados.

La iniciativa presentada por el senador del FpV-PJ Daniel Filmus queda de esta manera anulada por una resolución de la Jefatura de Gabinete, y por ende con el visto bueno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En sus fundamentos, precisa que todos los objetivos de la ley de Filmus ya están contemplados en las diferentes áreas del Gobierno y en la Constitución nacional. Razón por la cual, les sugieren a los senadores y diputados nacionales y a los gobernadores de la zona cordillerana, la creación de un Foro Interdisciplinario para la discusión de las medidas a adoptar en orden a la protección de los glaciares y del ambiente periglaciales.

Como para que la decisión oficial no dejara tan mal parado a su impulsor, el ex ministro Filmus, el anuncio fue maquillado como una instrucción de la Presidenta a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación para que elabore “una ley de protección de los glaciares superadora a la vetada” esta semana.

En un comunicado de prensa, la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Romina Picolotti, sostuvo que “el objetivo de la Presidenta es trabajar de manera federal y consensuada con los gobernadores en la definición de un proyecto de ley que efectivamente proteja los glaciares mediante su implementación en territorio provincial”.

“En la elaboración de este proyecto de ley que la Presidenta instruyó no se descarta que incluya restricciones sobre las actividades a realizarse en la zona de los glaciares y periglaciares”, agregó el texto.

El veto de Kirchner, que argumentó su decisión indicando que la “prohibición de actividades descriptas en la ley (que sancionó el Congreso nacional) podría afectar el desarrollo económico de las provincias involucradas”, generó un gran revuelo en varias comarcas patagónicas.