El diputado nacional Emilio Martínez Garbino (Concertación Entrerriana) afirmó que la Argentina en su conjunto, y sobre todo el interior, “no soporta más” que se continúe dilatando el tratamiento de una nueva Ley de Coparticipación Federal, como lo estableció la reforma de 1994.

En una declaración, el legislador entrerriano recordó que el tema tiene dos grandes discusiones: “Qué se reparte y cómo”. Asimismo, advirtió que “la crisis internacional nos obliga a ser prudentes” y acotó que tanto el gobierno como la oposición deben “tener la responsabilidad que el momento requiere”.

Según el legislador, “esta debiera ser una oportunidad excelente para discutir cuánto y qué se va a coparticipar de ahora en más, si sólo ganancias, IVA y algo del impuesto al cheque o a las transacciones bancarias, o si también las retenciones y otros tributos van a entrar en la bolsa, pues de mantenerse el esquema como hasta hoy, no se resuelve el grave problema de las provincias y los municipios”.

El diputado consideró que “hay debates que no pueden esperar más y eso necesita del consenso de todos los actores políticos y sociales”, y acotó: “Debemos acordar qué modelo de país nos planteamos para hoy y para el fututo. Es urgente la rediscusión de la coparticipación federal y una verdadera redistribución del ingreso. En eso estamos todos de acuerdo. El tema es si el gobierno estará dispuesto a relegar fondos en manos de la provincias o si se seguirá con las viejas recetas: premiar y castigar las lealtades políticas circunstanciales”, preguntó.

Martínez Garbino señaló que “la presente crisis internacional nos obliga a ser prudentes” y tanto el gobierno como la oposición “debemos tener la responsabilidad que el momento requiere. Acá no hay lugar ni para los oportunismos ni para las zancadillas, porque cualquier error puede llevar al país a una situación irremediable. Esta crisis nos encuentra mejor parados que otras similares anteriores porque la Argentina tiene las cuentas medianamente en orden: una balanza comercial positiva; mayoría de depósitos en pesos (el 87 por ciento) a diferencia de lo que ocurría en 2001; pero el escenario es igualmente complicado, puesto que debe preverse una caída de la actividad económica y de los precios internacionales de nuestros comodities”.

“Lo aconsejable en este momento es conservar la liquidez; buscar mecanismos para que no caiga el consumo ni el empleo; apoyar al sector productivo; eliminar del gasto público todo aquello que sea posible (subsidios); dejar el enfrentamiento estéril contra el campo; pero primordialmente nuestros gobernadores e intendentes deben entender que esta no es una etapa de bonanza, por lo que hay que ser muy cautos y responsables con las cuentas públicas”, planteó el legislador.

Para Martínez Garbino, “la presente situación pone aún más de relieve el tema de la coparticipación. El interior cada vez es más expoliado. De acá se llevan cheques, IVA y ganancias. De todo vuelve un poquito y se va el 100 por ciento de retenciones. Esta ecuación es insoportable, y teniendo en cuenta como se desarrolla el proceso de reforma del sistema de coparticipación, es el gobernador un actor principal. Todos los gobernadores tienen que despertar del letargo y reclamar lo que les corresponde. No estamos hablando nada más ni nada menos de lo que nos asiste como derecho”, remarcó.

“Debe dejarse en claro que este contraste entre Nación y provincias no sólo continúa hoy, sino que persistirá el año próximo: según el presupuesto de 2009, sólo el 24,8 por ciento del total de la recaudación se destinará a la coparticipación. En efecto, según el presupuesto de 2009, el Tesoro girará alrededor de 80.000 millones de pesos a las provincias el año próximo, el 24,8 por ciento del total de los ingresos anuales”, apuntó.

El legislador remarcó que “este porcentaje se sitúa muy por debajo del piso mínimo que establece el último pacto fiscal entre la Nación y las provincias, que fijó ese umbral en el 34 por ciento. Asimismo, es el porcentaje más bajo de los últimos 50 años. Esta situación de fragilidad fiscal, sumada a la creciente inflación y las demandas salariales de los sindicatos estatales, coloca a las provincias en una situación de dependencia creciente con la Nación”.

Según Martínez Garbino, “otros números grafican aún mejor lo que decimos. Entre Ríos, durante 2007, finalizó con un presupuesto ejecutado superior a los 4.500 millones de pesos. En tanto, el gobierno nacional se llevó, solamente como retenciones, la suma de 2.500 millones. Una desproporción formidable. A eso agreguemos que de los 2.500 millones que se fueron en 2007 como retenciones, la Nación, por disposición discrecional, nos compensó con tan sólo 631 millones. O sea, que casi 1.900 millones no volvieron nunca. Otro dato sumamente interesante de analizar es lo que Entre Ríos resigna anualmente de su coparticipación, para aportarlo al sistema jubilatorio nacional. O sea, la provincia resignó en 2007 para financiar la seguridad social, 989 millones de pesos. Y no se sabe en cuánto compensó la Nación, aunque se desprende que con una cifra sensiblemente menor”.

“Entiéndase que actualmente son dos los componentes importantes de la financiación de la seguridad social en la Argentina: los aportes personales y las contribuciones patronales, por un lado, y una porción de la recaudación de impuestos nacionales, por otro. Aquí es donde surge que en 2007, el 52 por ciento de la recaudación total para el sistema jubilatorio lo aportaron las provincias a través de los más de 20.000 millones de pesos que le quitaron en materia de coparticipación genuina. En síntesis: Entre Ríos resigna casi mil millones de recursos propios para paliar el sistema jubilatorio nacional”, explicó.

Finalmente, el legislador sostuvo que “todos estos datos, que terminan siendo argumentos contundentes, demuestran la inviabilidad de este modelo de país cada vez más unitario, donde las provincias terminan siendo meras estructuras administrativas y recaudatorias del gobierno central. Por todo esto, si se va a dar el debate por una nueva Ley de Coparticipación Federal es necesario el compromiso de un grupo de actores clave: los gobernadores. Nadie como ellos -con acompañamiento de los legisladores- puede forzar un debate serio a nivel nacional, que lleve oxígeno a sus economías agotadas”.