Por Lidia “Pinky” Satragno
La inseguridad es un drama ciudadano que muchos quieren resolver de cualquier manera:
1. Están los que creen que el problema se resuelve con leyes más duras. ¿Les parece bien 25 años por un homicidio simple y cadena perpetua por un homicidio con alevosía? Bueno, eso es lo que el Código Penal establece desde hace muchas décadas. El problema es que no se cumple. Y si no se cumple, da lo mismo que la pena sea 25 años, cadena perpetua u hoguera.
2. Otros reclaman que se ponga la pena de muerte. Hay muchos argumentos éticos y religiosos para oponerse a semejante pena. Pero hay uno que debería llamar a la reflexión: estadísticas internacionales prueban que la incidencia del delito no disminuye en aquellos países donde se introdujo la pena de muerte; ni aumentó en aquellos donde existía y se la eliminó.
3. Ahora se ha puesto de moda pedir que se baje la edad de la imputabilidad. En un país donde los delincuentes adultos se pasean entre nosotros (porque el Estado no los encuentra o no los castiga), parecería que la solución fuese que el peso de la ley también cayera (mejor dicho, tampoco cayera) sobre los chicos.
4. Otra discusión se refiere a los presos sin condena. Unos creen que hay que largarlos y otros que hay que mantenerlos guardados. Pero, ¿por qué hay presos sin condena? Porque la justicia no se expide. ¿Que tiene mucho trabajo? Entonces busquemos solución a esto. En la Argentina, de la noche a la mañana se puede terminar con las AFJP y pasar los ahorros privados al Estado. Para eso hay celeridad. Para eso no hay límites. Pero para organizar una justicia ágil, rápida y efectiva, hay todos los “pero” del mundo.
En medio de tantos despropósitos, a mí se me ha ocurrido pensar si el Estado no es, en un sentido, imputable.
Las causas de la criminalidad son múltiples, y yo no caería en el simplismo de pensar que, donde hay pobreza, hay delito. Hay pobres decentes y hay ricos criminales.
Sin embargo, aunque no exista una relación causal, hay sí una correlación entre pobreza, desigualdad y delito. Esto quiere decir que, en general, donde hay más pobres e indigentes, la delincuencia tiende a ser mayor; y donde hay gente con necesidades elementales satisfechas, la delincuencia tiende a ser menor.
¿Podemos decir que el Estado no es imputable por el hecho de haber creado condiciones que favorecen el delito?
El gobierno se la pasa hablando de “redistribución”. Pero la verdad es que, en cinco años, lo que ha hecho es:
1• Redistribuir la pobreza.
2• Redistribuir la indigencia.
3• Redistribuir la marginalidad.
El Código Penal tiene que ser racional y equilibrado, y no hay que estar tironeándolo cada vez que un delito provoca un espasmo.
El Código Procesal debe asegurar que el Código Penal se cumpla.
La policía debe cumplir con su deber, y donde no sea capaz de hacerlo, habrá que reestructurarla.
La justicia, si no está en condiciones de hacer justicia, se niega a si misma y clama por una reforma.
Pero por detrás de todo están las políticas económicas y sociales que fabrican espacios marginales.
De todo es imputable el Estado -porque de él dependen el orden jurídico y la aplicación de justicia– pero yo lo considero particularmente imputable por no eliminar las causas de gran parte de la delincuencia que padecemos.
