A propósito de la resolución que recorta facultades a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) a cargo de Manuel Garrido, lo que impide que dicho organismo pueda seguir investigando emblemáticas causas de corrupción que deben ser esclarecidas, siguen produciéndose reacciones en el Parlamento.

La medida tomada por el procurador General de la Nación, Esteban Righi, excluye la intervención de la FIA en las causas judiciales no iniciadas por ella. Incluso en los casos que así fuera, podrá actuar sólo si el fiscal federal a cargo opta por no ejercer la acción pública. De esta manera, desde la oposición han tomado esta situación como un paso más en la saga de limitaciones que vienen disponiéndose contra dicho organismo de control.

Es por esto, que la diputada nacional del bloque socialista María Elena Martin, presentó un proyecto de declaración por el cual reclama la devolución a la Fiscalía de sus facultades, entre otras, la de intervenir como parte acusadora en los sumarios administrativos que se inicien contra agentes públicos como así también en los procesos judiciales que se les sigan por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.

“Las restricciones al accionar de la FIA, la lentitud en el accionar de la Oficina Anticorrupción, la limitación de recursos materiales y de personal que padecen las Fiscalías Federales y la falta de autarquía presupuestaria del Ministerio Público Fiscal, constituyen serios obstáculos para que los actos de gobierno sean revisados por un organismo técnico independiente”, explicó la legisladora nacional.

Finalmente, la diputada Martín lamentó que “este tipo de decisiones constituyan un paso atrás en la difícil lucha contra la corrupción que ineludiblemente debe librar el Estado. La corrupción en el Estado es mucho más grave que cualquiera de los otros males que lo afectan; genera frustración, escepticismo y falta de confianza en el poder; y lo que es peor, deteriora la democracia”.