La Comisión de Presupuesto de la Legislatura, presidida por el diputado Álvaro González (PRO) escuchó los argumentos de las instituciones que conforman el Poder Judicial de la Ciudad en referencia al Presupuesto 2009.

En primer lugar expuso el presidente del Tribunal Superior de Justicia, José Casás, quien informó que el proyecto de presupuesto para su área contempla 26.666.400 pesos para el año próximo.

Respecto del personal, señaló que el presupuesto prevé algún incremento salarial, teniendo en cuenta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso un aumento del 20%, según señaló Casás. Respecto del personal, dijo que actualmente la planta se conforma de 119 agentes y que podría incrementarse el año entrante “pero nunca en más de 130, incluidos los jueces”.

Con relación a la realización de elecciones en la Cuidad, dijo que “se pueden llevar a cabo con pocos recursos económicos” y que lo más importante es “retener” al personal de la Dirección de Asuntos Originarios, que cuenta con experiencia en llevar adelante actos eleccionarios. Recordó que hasta que la Ciudad no tenga Tribunal Electoral, el Tribunal Superior de Justicia es responsable de los comicios. También dijo – en respuesta a algunas preguntas planteadas- que aún no fue notificada la aprobación de los circuitos electorales por parte del Ministerio del Interior de la Nación, necesaria para la realización de elecciones de autoridades de la Ciudad.

Finalmente señaló que el Tribunal tiene que expedirse sobre 320 expedientes administrativos y 671 judiciales, “un buen número teniendo en cuenta que es la instancia superior de justicia”, a lo que agregó que la cantidad de causas irá en aumento a medida que haya más competencias penales transferidas a la Ciudad por convenios. También informó que el Poder Judicial está trabajando sobre un tercer convenio con la Nación que incluye, como los anteriores, la transferencia de los fondos correspondientes.

En reemplazo de Germán Garavano, el adjunto, Rubén Pereyra señaló que el presupuesto 2009 tiene que representar un avance respecto del vigente fundado en un incremento de la actividad fruto de las transferencias de competencias penales convenidas en dos oportunidades y visto que hay un tercer convenio en puertas. Mencionó que “el incremento de la carga de trabajo respecto de 2006 es del 92 por ciento”.

Pereyra ilustró diciendo que aproximadamente en la ciudad hay 1.500.000 habitantes por cada fiscal de turno, lo que justifica la necesidad de crear nuevas fiscalías. “Respecto a algunos países europeos donde hay 8 jueces cada 100 mil habitantes, la ciudad de Buenos Aires tiene 5 magistrados”, afirmó.

En tanto aseguró, respecto de la ejecución presupuestara vigente, que se cumplirá con el 95% del presupuesto previsto, lo que calificó como “un mérito”, ya que no hay subejecución ni sobre ejecución, respecto del presupuesto dispuesto por la Legislatura. Además, el funcionario destacó “la labor de capacitación y entrenamiento desarrollada en el área y la institucionalización de la oficina móvil para dar respuesta a los requerimientos desde el mismo lugar del hecho”. Finalmente, presentó sus quejas al recorte realizado por el Poder Ejecutivo.

Por su parte la titular de la Asesoría General Tutelar de Incapaces, Laura Musa también planteó su disconformidad con la reducción efectuada al pedido original de su organismo, que -según afirmó- “es del 53 por ciento menor a lo solicitado. De aprobarse ese índice nos veremos obligados a hacer una reducción de 94 a 79 personas, y entre las 15 que estaríamos dando de baja hay un asesor tutelar penal, dos asesores con concurso terminado y una secretaria”.

Musa pidió a los legisladores “mantener para su área el presupuesto presentado originalmente, con el fin de orientar la Asesoría como agencia jurídica y sacarla del concepto tradicional de acompañamiento asistencial”

En el mismo sentido se expresó a su turno, el Defensor General, Mario Jaime Kestelboim. Recordó que “más de un cuarto de millón de personas carenciadas viven en la Ciudad, es decir un 7,3% del total poblacional. Este es el universo demandante que potencialmente debe atender la defensa Pública, sin olvidar a todos aquellos que, día a día, llegan desde otras jurisdicciones en búsqueda de oportunidades de subsistencia y acceso a servicios indispensables”.

Estimó que en el año 2009 su área intervendrá en 8.900 causas contravencionales y penales, el 38% más que en 2008. En ese sentido señaló que se fortalecerán con ampliaciones, la Oficina de Atención a las Personas Privadas de Libertad y la de Orientación al Habitante.

“La Secretaría de Hacienda ha reducido a la mitad el monto presupuestario solicitado, congelando prácticamente las cifras para el 2009 a las del ejercicio 2008. Pretender que un proceso de transferencia de competencias y el despliegue de acciones y estructuras que conlleva, pueda realizarse con recursos iguales afectaría decisivamente la defensa en juicio y la igualdad de armas consagradas constitucionalmente”, concluyó Kestelboim.

En representación del pleno del Consejo de la Magistratura que se hizo presente en el Salón Montevideo donde se desarrolló la reunión informativa, el Escribano Mauricio Devoto remarcó el inconveniente de que “el presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo no alcanza a cubrir los sueldos ni la indispensable refacción del edificio de calle Berutti 3345”.

Entre las acciones desarrolladas, destacó la optimización de los recursos que implicó la reducción de personal a causa de pases voluntarios y disminución de comisiones por ley, en casi un 50%. También explicó los logros alcanzados a través de los recursos informáticos y el valor valor del programa JusCABA, que permitirá próximamente la notificación electrónica y con ella la consecuente despapelización.

La doctora Danielle, en su intervención aclaró que “el Consejo de la Magistratura no tocó el presupuesto del Ministerio Público” y alertó que “el déficit de infraestructura nos pone al borde del colapso”.

“Es urgente al menos contar con un edificio, 35 mil expedientes en trámite por juzgado es una cifra muy importante”, explicó el Consejero Dr. Julio De Giovanni, quien además solicitó a los legisladores la colaboración para lograr el consenso político con los poderes nacionales a los efectos de esbozar el tercer convenio de transferencia de competencias judiciales”.

Ante las distintas intervenciones, legisladores expresaron su preocupación por el presupuesto asignado en general, al Poder Judicial, e integrantes del bloque FpV adelantaron que se considerarán los anteproyectos remitidos por cada área, a la vez que se manifestaron contrarios a aprobar un aumento del 10% previsto para los jueces”.