Por José Angel Di Mauro

Jaqueado durante un reportaje por sus interlocutores, el diputado Federico Pinedo decidió que no tenía sentido inmolarse mediáticamente frente a quienes tenían una idea inmodificable de lo “perverso” del sistema previsional privado, por lo que optó por cambiar el tono de su discurso condenatorio hacia la decisión oficial de liquidar a las AFJP y tomó otro rumbo. Aclaró que el sistema privado no era el mejor, ni siquiera era demasiado bueno, y que lo que él criticaba era la forma como el Gobierno había decidido eliminarlo.

Advirtió además que no serían las AFJP las que perdieran en esta movida, por cuanto ya habían ganado lo suficiente y serían resarcidas, sino que quienes habían confiado en ellas serían los grandes damnificados. Y el país en general, pues todos los trastornos que lógicamente generó la creación del sistema habrían sido en vanos con esta vuelta atrás. Se hizo el sacrificio, se sufrieron las consecuencias, pero no se llegó a conocer el lado positivo de semejante esfuerzo.

Palabras más, palabras menos, el argumento con el que el diputado del PRO no logró convencer a quienes lo entrevistaban tiene su cruda cuota de realidad. Al punto tal que no sería descabellado adjudicarle a la creación del sistema de capitalización previsional privada una elevada cuota de responsabilidad en la debacle económica que hizo eclosión en 2001. En ese marco, no sería descabellado decir que entre los sacrificios citados por el legislador, habría que incluir un gobierno constitucional.

Fue nada menos que Joseph Stiglitz quien advirtió sobre el tema. Premio Nobel de Economía, Stiglitz trabajó en el FMI y luego devino en un fuerte crítico de ese organismo, factor que lo convirtió en estrella del progresismo vernáculo. Este economista tomó a la Argentina como materia de estudio ideal para determinar qué fue lo que llevó a un país modelo del neoliberalismo en los 90, a convertirse en la oveja descarriada del mundo capitalista.

“Una economía en recesión normalmente tiene un déficit, porque la recaudación de impuestos cae en picada y los gastos en la seguridad aumentan”, sostuvo Stiglitz a la hora de analizar el colapso argentino de 2001, advirtiendo que sobre nuestra crisis se recrearon dos teorías. La estadounidense, que habla de “un gobierno despilfarrador y sus políticas populistas, que llevaron al país a la ruina; y la latinoamericana, que se pregunta qué pasó con el país que era un ejemplo del neoliberalismo y con el concepto de que el libre mercado aseguraría la prosperidad. Este es un país que hizo todo bien, ¿cómo pudo haber caído tanto entonces?”.

El mismo respondió a las dos visiones. La norteamericana era, a su juicio, la más errada, mientras que a los latinoamericanos les asignó la razón en cuanto a la afirmación de que la crisis no se hubiera impedido si Argentina hubiera seguido más a rajatabla los consejos del FMI, con mayores recortes de gastos. Por el contrario, dijo, eso hubiera llevado a una crisis aun peor y más rápida.

Stiglitz fue vicepresidente y economista jefe del Banco Mundial entre 1997 y 2000, y algo sabe cuando dice que “en tiempos de recesión, cortar los gastos empeora las cosas, ya que los ingresos impositivos, el desempleo y la confianza en la economía también declinan”. Sin embargo, el Fondo nos siguió pidiendo más y más ajuste.

Tan trasgresor se mostró Stiglitz en este análisis, que hasta tildó de “injusta” la visión del despilfarro argentino. Y aquí el detalle que nos ocupa. Citó en tal sentido datos oficiales que señalaban un déficit fiscal del 3% del PBI, mientras que en Estados Unidos, durante una leve recesión en 1992, el déficit ascendía al 4,9% del PBI. “Pero incluso ese 3% es engañoso -dijo-, por la decisión de la Argentina de privatizar su sistema de Seguridad Social en los 90”.

El economista puso así el dedo en una llaga a la que muchos definen como una clave del desastre: la falta de recursos estatales generada por la creación del sistema privado de jubilaciones. Con ese cambio, señaló Stiglitz, el dinero que habría estado dentro del presupuesto, quedó afuera. Si la Argentina no hubiera privatizado el sistema de seguridad social, su presupuesto de 2001 habría arrojado un superávit.

Cuando el gobierno de De la Rúa se encaminaba hacia el precipicio, entre tantos planes circulantes figuraba uno donde se sugería reinstalar los aportes patronales e introducir cambios en el sistema previsional, ante la convicción de que el mismo había “desfinanciado en forma dramática las arcas del Estado a partir de la creación del régimen privado de AFJP”.

La derivación de recursos previsionales a las AFJP totalizó un promedio anual de 4.100 millones de dólares que, en buena medida, justificaron los déficits que desembocaron en el default de 2001.

Habrá que concluir en definitiva que tan errado no debía estar Pinedo, al menos en cuanto al esfuerzo inicial. Con la desaparición del sistema, decretada por el Congreso, lo que no podrá determinarse nunca es si el sacrificio hubiera valido la pena.