Tras la visita del ministro de Trabajo Carlos Tomada y el titular de la AFIP, Carlos Moroni, el panorama legislativo quedó delineado nuevamente en dos partes antagónicas: el oficialismo con sus fieles aliados y la oposición nuevamente abroquelada.

Desde la resolución 125, cada iniciativa del Gobierno nacional divide aguas, aunque a veces conquista las voluntades de algunos bloques como el SI o del Movimiento Popular Neuquino. Pero esta vez, sólo apoyan al oficialismo los más fieles aliados: Encuentro Popular y Social y Concertación Plural.

Así las cosas, la oposición disparó tanto por las formas metodológicas del tratamiento de este proyecto como por la iniciativa en si misma. En primer lugar, el diputado de la Coalición Cívica Juan Carlos Morán solicitó que se cite a más funcionarios y a especialistas del ámbito privado para profundizar más aun el debate. A esta moción se sumó la diputada María América González quien pidió por la presencia del titular del ANSES, Amado Boudou. A ambas mociones, se sumaron los demás bloques.

En este mismo sentido, el diputado radical Miguel Angel Giubergia volvió a puntar contra las formas del kirchnerismo para tratar esta iniciativa del Gobierno y sostuvo que “se está volviendo a ser una escribanía del Ejecutivo”.

Por otra parte, en relación al contenido del proyecto la principal crítica fue que es un paquete con tres partes diferentes y se deberían tratar por separado, aseguró la socialista Laura Sesma. Pero todos los bloques apuntaron a la posibilidad blanqueo de dinero a través de la sanción de esta ley sin saber su procedencia.

En este sentido, la diputada de la Coalición Cívica Fernanda Reyes cuestionó el paquete anticrisis, que incluye una amplia moratoria impositiva y el blanqueo de capitales, por considerar que se trata de “medidas regresivas que no servirán para fomentar la inversión productiva e industrial ni el empleo”.

“Las moratorias impositivas nunca resultaron efectivas a los fines de generar mayor recaudación y cumplimiento fiscal. Se trata de una medida perversa e injusta que premia a los evasores, destruye la cultura tributaria y castiga a quienes vienen invirtiendo en forma transparente y genuina en el país. Por eso, desde la CC no vamos a acompañar este salvataje de posibles lavados de capitales”, explicó Reyes.

“El Gobierno debe promover una reforma tributaria integral que modifique la naturaleza regresiva de nuestro sistema impositivo y que promueva a los sectores productivos de la economía, en lugar de condonar la deuda de los fondos especulativos. Este proyecto demuestra la imperiosa necesidad que tiene la gestión K de hacer caja a cualquier precio. Y Cristina Fernández elige como salida perdonar a los evasores con una rebaja escandalosa de impuestos”, sostuvo la diputada de la CC.

Además, Reyes advirtió sobre la posibilidad de que “el ingreso de plata sucia sirva para comprar tierras a la gente del campo, que bajó el precio de sus terrenos por la crisis y la caída de precios internacionales”.

En la misma línea, la diputada radical Silvina Giudici disparó: “Este es un paquete de encubrimiento de la corrupción” y para que “el Congreso seguirá delegando facultades para que este Gobierno favorezca a narcotraficantes y delincuentes del lavado”.

“Este paquete de medidas rompe con los principios legales, beneficia a quienes deliberadamente incumplieron con la norma o directamente han cometido delitos, y obtura para adelante todas las posibilidades de investigación de los mismos.”, enfatizó Giudici.

Gudici aseguró que desde la UCR “exigimos la presencia del ministro de Economía quien es quien debe dar respuesta a las barbaridades que proponen en este proyecto. Se trata nada menos de atar las manos a la AFIP y a la Justicia para investigar plata mal habida”.

Finalmente, destacó que “vino a dar la cara es el ministro Tomada, quien trató de argumentar las medidas laborales que usan como excusa para aprobar el plan de amnistía generalizada que abrirá la puerta grande al lavado de dinero en la Argentina”.