En el marco del tratamiento del proyecto de ley enviado por el PEN, que contempla un régimen de regulación impositiva, la promoción y protección del empleo registrado y la repatriación de capitales, el diputado nacional Alejandro Nieva presentó un pedido de informe a la Unidad de Información Financiera sobre su funcionamiento, a fin de conocer si el organismo contempló las recomendaciones realizadas por la GAFISUD (Grupo de Acción Financiera en el lavado de dinero de Sudamérica), en su último informe.

Se requiere que se informe acerca de la situación del Fondo que el Poder Ejecutivo debía crear para el destino de los montos u otros activos o recursos confiscados por los delitos cometidos, que detalle cuál es el presupuesto que recibe la UIF por año y cuáles son los montos que ha recibido desde el año 2002 hasta la fecha. También se solicita que se informe sobre la disposición de los trabajadores empleados y contratados por la institución y que se especifique que sistema de cooperación y retroalimentación de información se han implementado para dar debido cumplimiento a las facultades de la UIF.

Al respecto, el diputado Nieva declaró: “Necesitamos conocer con detalle cómo funciona la UIF, para poder analizar qué cambios se darán si este proyecto se aprueba, ya que creemos que se estará abriendo la puerta al ingreso de dinero ilegal. Si no se toman las medidas necesarias para ejercer un control explícito sobre el origen de los fondos a repatriar, se estará permitiendo el lavado de dinero, generando, además, grandes conflictos con los organismos internacionales de control financiero, con quienes el país tiene acuerdos firmados”.

“Resulta necesario, además, fijar en la agenda pública cómo se lleva adelante la tarea de la UIF, ya que es el organismo encargado de controlar los movimientos financieros en el país. Siendo que la institución no tiene la potestad de denunciar casos, sino que sólo los recepciona, ya sean provenientes de organismos públicos como privados; queremos saber cómo es que el ámbito privado ha reportado más del doble de casos que el sector público, cuando entidades como la AFIP manejan todos los datos de los contribuyentes y sujetos legales del país. ¿No se supone, entonces, que debería informar más casos que el sector privado?”, opinó el legislador jujeño.