Por 42 votos a favor y 22 en contra, la Cámara alta convirtió en ley la decisión de expropiar Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas.

La sesión se había iniciado poco antes del mediodía la sesión y la decisión sobre Aerolíneas se adoptó a las 16.40, por 42 votos a favor, 22 en contra y ninguna abstención.

Estaban presentes en el recinto a la hora de la decisión de los senadores el titular de Aerolíneas, Julio Alak, y el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, mientras que desde los palcos decenas de empleados y gremialistas aeronáuticos celebraron la decisión agitando banderas.

El debate duró casi cinco horas y como corolario se estableció que el precio de las compañías expropiadas será establecido por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, y ratificado por el Congreso.

Un artículo que podría ser objetado judicialmente por el grupo Marsans, que insiste en que sigue vigente el acta que firmó con el Gobierno, según la cual cada parte presentará un precio y en caso de desacuerdo se recurrirá a una tercera valuación independiente.

En los fundamentos del proyecto aprobado se acusa al grupo Marsans de haber desplegado una gestión “deficiente” e “irresponsable”, que dejó a Aerolíneas Argentinas en “una virtual cesación de pagos”.

Cabe recordar que el grupo español recibió en octubre de 2001 de manos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) de España una Aerolíneas Argentinas que daba pérdidas, tenía deudas por 900 millones de dólares y había reducido fuertemente su participación de mercado.

Marsans pagó entonces un dólar por la empresa y recibió de la SEPI 765 millones de dólares para cancelar pasivos, cuyo destino es investigado por la Justicia española. El grupo español argumentó en su defensa que el Gobierno argentino no facilitó la operación de la compañía, afectada por la congelación de tarifas durante cuatro años y por los altos precios del combustible, que el Estado subsidia desde hace dos años.

Fue informante del proyecto el titular de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte, Eric Calcagno, quien sostuvo que la primera privatización de esa compañía, la década pasada, “fue mal hecha y fue aprobada tras un per saltum de la Corte Suprema”.

El legislador por la provincia de Buenos Aires sostuvo que el managment estatal puede ser eficiente, y citó como ejemplo la administración llevada a cabo desde julio pasado por la intervención dispuesta por el Gobierno en esa compañía. Agregó que desde entonces se pasó de contar con 26 aviones a 44, y que la deuda mensual de 60 millones que había en ese momento se redujo a un estimado de 17 millones para diciembre.

La puntualidad de los vuelos ascendió del 52 al 84 por ciento, y que las cancelaciones se redujeron del 10 al 3 por ciento.

Desde la oposición, el senador radical Gerardo Morales criticó la iniciativa oficial, considerando que se trata de “la salida más onerosa, el peor camino”, y que en este tema “el Gobierno hizo todo mal”.

El presidente del radicalismo la emprendió contra Ricardo Jaime, quien a su juicio “quiso que nos hagamos cargo del muerto (el pasivo) y además pagarle 400 millones de dólares” al grupo Marsans. “Fue el Congreso el que le puso freno a esto al no convalidar el acta” que firmaron el Gobierno y el grupo Marsans, aclaró, apuntando que gracias a ese acta “se llevan gastados 897 millones de pesos desde la intervención”.

“No es que vamos a pagar cero pesos, sino 2.540 millones de pesos del patrimonio negativo, además de los casi mil millones que ya se pusieron desde julio hasta hoy”, advirtió el senador jujeño.

También desde la oposición, el puntano Adolfo Rodríguez Saá planteó junto a su colega de bancada Liliana Negre de Alonso un proyecto diferente: la quiebra de Aerolíneas con continuidad de las operaciones de la empresa.

A juicio del senador de San Luis, el matrimonio Kirchner tendrá la habilidad de “patear esos juicios para adelante”, para cuando ellos “ya no estén en el poder”.