Diputados de la oposición consideran que el Título III de la ley se sancionó sin la mayoría calificada que requiere la Constitución Nacional para leyes impositivas que afectan la coparticipación federal de recursos.
Los bloques de diputados nacionales del PRO, la Coalición Cívica, Unión Peronista, el Frejuli y otros, presentaron ante el fuero federal en lo Contencioso Administrativo una acción declarativa de certeza para que la Justicia resuelva sobre la validez de la votación del título III de la ley de blanqueo de capitales, que fuera dado por aprobado por el oficialismo en la sesión del miércoles 10 de diciembre con 128 votos. Las bancadas opositoras consideraron en el escrito que “la aprobación de una ley de este tipo requiere la mayoría calificada establecida en el inciso tercero del artículo 75 de la Constitución nacional”, es decir, 129 votos afirmativos.
Asimismo, la presentación judicial contiene una medida cautelar de “no innovar”, dirigida a la Presidencia del Senado y si fuera extemporáneo al Poder Ejecutivo de la Nación, “a los efectos de que se abstenga de promulgar el título tercero del proyecto de ley”, que eventualmente pudiere sancionar la Cámara alta.
Según explicaron los legisladores opositores en el escrito, “el proyecto de ley en cuestión asigna a una parte de los recursos coparticipables (impuestos al Valor Agregado y a las Ganancias devengados), el destino de satisfacer un interés público específico: favorecer a los deudores mediante una condonación, de modo de promover con esos recursos la actividad económica y el empleo. El mecanismo utilizado por el proyecto es la creación de un impuesto especial (artículo 27 del proyecto del dictamen de mayoría que se votó) de entre el 1% y el 8% del valor de los bienes exteriorizados (blanqueados), impuesto especial que reemplaza a los impuestos coparticipables ordinarios, cuyas tasas superan el 33% en Ganancias y 21% en IVA”.
“De este modo, al afectar recursos coparticipables –continúa- el Congreso Nacional, establecería una asignación específica (beneficiar a deudores con condonaciones parciales de sus deudas, para fomentar la actividad económica y el empleo), de fondos coparticipables (impuestos devengados a las Ganancias y al Valor Agregado, entre otros), por tiempo determinado (el plazo que fija el proyecto es de seis meses prorrogables), por medio de lo que sería, de ser sancionada, una ley especial”.
Tales requisitos constituyen, para los legisladores “los extremos legales previstos en el inciso 3º del art. 75, CN, que es, precisamente, el dispone que ese tipo de proyectos requieren mayoría calificada para ser válidamente sancionados”.
