El Senado convirtió en ley, por 42 votos contra 27, el paquete anticrisis enviado por el gobierno nacional al Congreso -que incluye una amplia moratoria impositiva, un capítulo para fomentar el blanqueo de trabajadores en negro, y un polémico plan de exteriorización y repatriación de capitales. La senadora Sonia Escudero, quien votó en contra de la iniciativa, advirtió que con esta norma “la Argentina va camino a convertirse un paraíso fiscal” y que contradice los tratados internacionales contra la corrupción y el lavado de activos ratificados por nuestro país. Además, planteó que “se afectan recursos de las provincias” por el perdón de impuestos coparticipables”.

La legisladora salteña criticó duramente la iniciativa oficial, especialmente el capítulo de blanqueo de capitales, que dijo “echa por tierra todos los avances de los últimos años y hiere de muerte el derecho penal preventivo en materia de delitos tributarios, de encubrimiento y lavado de dinero”. Pero, además, “va en contra de los tratados internacionales que Argentina ha suscripto: Convención Interamericana y de Naciones Unidas contra la corrupción -entre otras- y las recomendaciones del GAFI” (organismo trasnacional que lucha contra el lavado de activos en el mundo, del que la Argentina es miembro).

Escudero aclaró que con la aprobación de esta ley, además, se procederá al cierre de gran número de causas por delitos tributarios, y también se extinguirán las causas (conexas) por delitos comunes. “Hay 4500 empresas que podrían beneficiarse con esta ley, entre ellas Skanska, acusada de pagar sobornos a funcionarios públicos, que quedaría extinguida, además de empresas de primera línea, laboratorios, hasta productoras de televisión y compañías aéreas”, recordó la senadora citando un artículo publicado recientemente por Clarín.

Por otra parte, destacó la gravedad de avanzar con la ratificación de la norma, por cuanto convertirá a los funcionarios de la AFIP, y al Estado mismo, en encubridores –según el artículo 278 del Código Penal- “por estar ayudando a una persona a incorporar al circuito legal dinero proveniente de un acto ilícito”.

“Ese me parece que es el más grave talón de Aquiles de este proyecto. Se da una paradoja donde el Estado se convierte en autor del delito de encubrimiento y de obstrucción de administración de justicia. Surge un dilema ético insoslayable que deslegitima la autoridad moral del Estado y la fidelidad del pueblo hacia la ley”, indicó.

De acuerdo con el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, “los montos involucrados en las causas penales tributarias en trámite son insignificantes. Frente a los 43.140 millones no blanqueados solamente 5.200 están incursas en esas acciones penales. ¿Es decir, solamente para liberar a esas personas de esas causas -que significan muy poco ingreso para el Estado- vamos a sacrificar la vigencia del derecho penal? ¿Cómo vamos a hacer en adelante con quiénes cometan delitos tributarios?”, reflexionó la senadora.

Escudero apuntó contra el artículo 32 de la norma que exime a las personas que decidan exteriorizar o repatriar capitales de tener que informar a la AFIP la fecha de adquisición o el origen de los fondos. También se amplía a residentes en el extranjero y empresas constituidas fuera del país. “Esto significa que la Argentina será un paraíso fiscal por unos cuantos meses”, advirtió.

Asimismo, “se deja a discreción de los funcionarios de la AFIP distinguir si se trata de una operación sospechosa de delito tributario, o si se trata de dinero originado en delitos más graves como el tráfico de armas, drogas, entre otros”. Pero además, por las excepciones que plantea la norma, “no se informará a la Unidad de Información Financiera (organismo estatal que investiga posibles casos de lavado de dinero) sobre dinero proveniente de delitos comunes no mencionados en la ley de lavado de activos (artículo 6).

La senadora planteó, por último, que “estamos haciendo un jubileo y perdón de recursos que son de las provincias, por lo que se podrían estar afectando de ese modo la ley de coparticipación”.

“La corrupción afecta los derechos humanos, es un problema estructural en la Argentina. Un flagelo contra el que debemos luchar, en especial si tenemos en cuenta que mientras perdonamos delitos graves de evasores, 8 niños por día mueren por desnutrición”.