“Entregar nuestro petróleo es entregar nuestra bandera”
Gral. Enrique Mosconi, El Petróleo Argentino

El abandono de las políticas que consideraban a los hidrocarburos como bienes estratégicos que hacen al pleno ejercicio de la soberanía y la seguridad de la Nación, y de las concepciones que consideraban que los servicios públicos esenciales deben responder a las necesidades económicas y sociales de los argentinos y no a los intereses empresarios, nos ha encaminado a la desastrosa situación en que se encuentra el sistema energético nacional. Cuesta entender cómo se persiste no sólo en mantener sino en profundizar el modelo energético neoliberal, un modelo que funcionó libre de controles durante más de una década y que hoy se muestra incapaz de aportar los servicios que le requiere un país con un 50 % de sus habitantes sumidos en la pobreza.

Desde la gestión presidencial de Hipólito Yrigoyen comenzó a crearse un país diametralmente opuesto al que estamos describiendo. Un país tendiente a ser solidario y equitativo, en el cual la economía quedaba subordinada a la concepción política de la vida en sociedad. Los bienes comunes y estratégicos, estructurales, permanentes e imprescindibles para el normal desenvolvimiento de la vida económica (tal es el caso del petróleo y el gas), fueron puestos al servicio de los intereses nacionales. La racionalidad interdependiente, que predominaba en aquellos tiempos, entre las áreas del transporte, energía e industria, no tiene más vigencia; la planificación y ejecución estatal fue reemplazada por “la mano invisible del mercado”. El resultado: la consolidación de un oligopolio privado, integrado verticalmente, que sobreexplotó los recursos naturales no renovables, subexploró y en consecuencia redujo el actual horizonte de reservas, imposibilitado de garantizar la provisión interna frente al crecimiento de la demanda y la reorientación hacia el mercado externo. Todo esto no puede explicarse más que por la ausencia de control estatal y de un plan integral de mediano plazo, junto con la participación –a través de empresarios amigos y testaferros- en fabulosos negociados.

Tomemos el caso de YPF y de su gran organizador, el Gral. Enrique Mosconi, para ver qué tan lejos estamos de una verdadera política energética nacional y soberana. El objetivo político de la creación y desarrollo de YPF consistió en la obtención de la independencia económica, sin la cual la soberanía política se tornaba ilusoria, tal como sucede en la actualidad. Para el logro de tal fin, primero se desarrolló una empresa integrada horizontal y verticalmente y, en 1929, en términos de Enrique Mosconi, se “tomó el mercado” de los combustibles líquidos, desplazando a los “trusts internacionales del petróleo”, en base a producción local por ella descubierta, desarrollada, transportada y refinada. Sobre el precio de venta de los combustibles líquidos se fueron cargando impuestos internos al consumo, conocidos como Fondos Energéticos y Viales, y también el Impuesto al Crudo Procesado, que se convirtieron en fuente de recursos para poder construir la casi totalidad de las redes camineras nacionales y provinciales, el sistema de gasoductos troncales y secundarios, y las represas hidroeléctricas nacionales y provinciales que hoy disponemos.

En concreto: ese desarrollo industrial perdido que someramente describimos, y su consiguiente tejido social, había contado como elemento básico constituyente a la política energética centralizada, planificada nacionalmente y ejecutada por el Estado. Cualquier tipo de solución que se pretenda aplicar para el área energética debe ser el elemento determinante para afianzar una nación socialmente equitativa, geográficamente equilibrada y, esencialmente en lo político, soberana.

Es necesario y urgente, ya que existen fundamentos más que valederos, revisar y anular todos los contratos de privatización. Debemos poner fin a un sistema perverso que permite que las empresas privatizadas sigan transfiriendo enormes ganancias a sus países de origen -derivadas de marcos regulatorios y regímenes tarifarios o de libertad de precios que las favorecen, además de desgravaciones, exenciones, subsidios y prebendas de todo tipo- para sus colocaciones financieras sobre la base de la depredación de nuestros recursos naturales.

Empresas que poseen directa o indirectamente -a través de organismos internacionales o de gobiernos donde asientan sus casas matrices, o incluso a través de operadores que ocupan importantes cargos en el gobierno que se hace llamar nacional y popular- una capacidad de presión política que, hasta ahora, no ha sido resistida por el matrimonio presidencial, sino todo lo contrario. Empresas que, además de estar ligadas estrechamente a la administración de turno, son un poder en sí mismas y profesan un neoliberalismo extremo y salvaje.

Si la actual gestión pretende mejorar el nivel de vida de sus compatriotas y especialmente el de aquellos que se encuentran desocupados, no sólo debe excluir de su gabinete a quienes adhieran a las mismas ideas neoliberales que guiaron a las administraciones anteriores, sino que también deberá dejar de compartir el poder con los grupos empresarios beneficiados por la aplicación de tales políticas.

No parece ser esta la visión de la pareja presidencial. Durante su gestión no han dejado de crearse fideicomisos y otorgado beneficios fiscales para desarrollar inversiones que deberían haber sido ejecutadas por las licenciatarias y concesionarias beneficiarias del proceso privatizador, demostrando la continuidad sin fisuras de la política aplicada en los 90´, una política que privilegia los aspectos financieros -ingresos originados por exportaciones de hidrocarburos y derivados, minería, productos agrícolas e impuestos-, por sobre el hambre del pueblo.

El resultado de casi dos décadas de gobiernos neoliberales son esos ocho chicos por día que en nuestro país mueren desnutridos. Esto es algo que no puede dejar de golpearnos y que debemos por todos los medios impedir que se naturalice, ya que cuando una situación se presenta como natural no se da lugar a que se la pueda pensar como injusta.

Si verdaderamente se pretende romper esta terrible situación, la Sra. Cristina Fernández deberá recuperar el poder real que fue cedido a los grupos económicos. En caso contrario, seguirá sucediéndole lo mismo que le sucedió a su marido, seguirá siendo jaqueado por empresas, gobiernos y organismos y le resultará cada día más dificultoso adoptar aquellas medidas que privilegien el desarrollo de los intereses nacionales. Haciendo referencia a la Standard Oil, Mosconi advertía “Allí donde se instala se convierte no ya en un estado dentro del estado sino un Estado sobre el estado”. Bastaría cambiar el nombre Standard Oil por el de Repsol, Petrobras o Panamerican para que sus palabras cobren una repentina y tremenda actualidad.

Arturo Jauretche dijo alguna vez: “La economía moderna es dirigida. O la dirige el Estado, o la dirigen los poderes económicos”. Estamos convencidos de que, llegado el inevitable fin del insostenible Modelo de Mercado, debe ser el energético el sector que encabece el cambio de las condiciones socioeconómicas que nos permitan, de una vez por todas, romper con la situación de dependencia en que nos encontramos.

Porque nunca dejó de repetir, y actuar en consonancia, que la clave para conquistar la independencia económica del país radica en el auto-abastecimiento petrolífero, no podemos dejar de reivindicar en el día del Petróleo Nacional la figura del Gral. Enrique Mosconi, emblema de la defensa de la soberanía nacional y ejemplo de militar consustanciado con su país.

Virginia Linares es diputada de la Nación por GEN en la Coalición Cívica