La Presidenta convocaría al Congreso a sesionar en febrero para tratar normas que eviten situaciones como la que se dio con los represores de la ESMA, que podrían quedar en libertad por la demora en sus juicios.
Luego del cruce de acusaciones registrado el viernes entre el Poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo, este último tomaría cartas en el asunto, convocando al Parlamento para tratar en febrero proyectos que vayan en el sentido reclamado por los jueces.
La alternativa está siendo analizada por los principales asesores jurídicos del Gobierno, que estarían elaborando iniciativas tendientes a agilizar las causas contra los ex militares que cometieron crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura.
Según se informó, se tiene en cuenta que hoy hay ochocientas causas contra represores y trescientos ya estarían en condiciones de afrontar esos juicios. El principal objetivo apuntaría a evitar que la Corte Suprema conceda finalmente la liberación de Alfredo Astiz cuando tenga que revisar la medida dictada el jueves por la Cámara Nacional de Casación Penal.
Cualquiera sea el tenor del proyecto, se da por descontado que el mismo será respaldado por buena parte de la oposición, que coincidió en repudiar las excarcelaciones apenas conocido el fallo.
