La Cámara baja bonaerense decidió restringir el uso de ese sistema destinado a permitir la prisión domiciliaria de determinados reclusos.
Luego de la gran polémica generada ante la reincidencia en el delito por parte de presos autorizados a transcurrir su tiempo de detención en sus domicilios, la Legislatura bonaerense tomó cartas en el asunto.
Así es que la Cámara baja acaba de aprobar la reforma penal impulsada por el gobernador Daniel Scioli, que entre otros puntos limita las excarcelaciones para los procesados con prisión preventiva.
Con ello se va a limitar el otorgamiento de pulseras electrónicas por parte de detenidos. A partir de ahora, según se votó en el recinto, sólo se otorgará la posibilidad de utilizar el sistema a enfermos terminales, personas mayores de 70 años y mujeres con hijos pequeños.
También se otorgarán para casos excepcionales, cuando la pena máxima aplicada sea de 8 años de reclusión. El proyecto había sido aprobado por el Senado la semana pasada, por lo que se convirtió en ley.
En rigor, la reforma penal impulsada por el gobernador Scioli busca dotar de “mayor celeridad y eficiencia a la Justicia”.
Se limita así el margen de maniobra de los jueces para otorgar excarcelaciones, una propuesta que surgió tras la polémica instalada por el cuádruple crimen de una familia, cometido por una persona que había sido beneficiada con el uso de la pulsera electrónica.
“Siempre que el peligro de fuga o de entorpecimiento probatorio pudiera razonablemente evitarse”, podrán ser beneficiadas con el sistema de monitoreo electrónico las personas mayores de 70 años, los enfermos terminales y las mujeres embarazadas o con hijos menores de 5 años.
La morigeración de la pena podrá ser concedida también en otros casos, cuando el delito que se impute tenga prevista una pena cuyo máximo no supere los 8 años de prisión o reclusión, pero sólo “excepcionalmente” y con una comunicación previa al fiscal.
No obstante, en todos los casos el juez no podrá conceder la libertad vigilada sin antes contar con la opinión fundada del fiscal o, en su defecto, de la cámara de apelación que intervino en el caso.
El proyecto prevé la creación de tribunales correccionales unipersonales “cuando se trate de delitos cuya pena máxima prevista no exceda de 15 años de prisión o reclusión o, tratándose de un concurso de delitos, ninguno de ellos supere dicho monto”.
