El gobernador Daniel Scioli deberá esperar hasta el año próximo para ampliar la oferta de juego en el distrito. A pesar de que el proyecto no ingresó oficialmente a la Legislatura, voces opositoras y la Iglesia formularon fuertes críticas.
Durante 2008 el gobernador supo sortear las dificultades de los “variopintos” bloques legislativos del Frente para la Victoria, obteniendo eco proyectos claves para que en definitiva la gestión no haga añicos las esperanzas depositadas por la sociedad. Basta con recordar las primeras leyes que modificaban el organigrama de la gobernación provincial, y/o aquella que transformó a Rentas en la Agencia de Recaudación Bonaerense (ARBA), comandada por Santiago Montoya.
No obstante, con la posible reforma de la ley de bingos, Daniel Scioli no logró convencer a aliados ni opositores y hasta la Iglesia Católica salió a criticar fuertemente la iniciativa, lo que impidió que el proyecto finalmente se oficialice aunque se reconoció la pluma del titular del Instituto de Lotería y Casino.
Según el borrador del proyecto que circuló en los ámbitos legislativos, redacciones y oficinas de agentes del juego bonaerense, se renovarían hasta el 2025 las licencias para la explotación de las 46 salas existentes y se incluirían las que podrían sumarse; se extendería hasta el 50% la posibilidad de tener tragamonedas en las salas de juegos abiertas y las que abrirían y se permitirían las apuestas deportivas on line. Del total de lo recaudado, el 35% sería destinado a Salud, Educación y Acción Social, y el 65% restante a favor de la Lotería provincial.
Uno de los puntos más criticados de la propuesta es el que promovería la instalación de nuevas salas de juego en municipios que aún no tienen casinos ni bingos, lo que abriría las puertas a nuevos emprendimientos y emprendedores. Algunas fuentes sostienen que este esquema posibilitaría la incursión en el juego bonaerense de Cristóbal López, un empresario del juego sumamente ligado al ex presidente de la República, Néstor Kirchner. La relación es tan cercana que, antes de finalizar su mandato, el ex presidente le permitió, por decreto ampliar el negocio del juego en la Ciudad de Buenos Aires.
El vocero católico fue el obispo de San Isidro, monseñor Jorge Casaretto, quien por medio de una carta solicitó a los legisladores provinciales que no avancen en la sanción de leyes sino “después de amplias consultas sobre su contenido”, y expresó la “preocupación de los obispos de la Provincia sobre la difusión del juego”.
Más tarde, las críticas provinieron desde el ámbito legislativo. Los diputados de la Coalición Cívica, Walter Martello y Maricel Etchecoin Moro afirmaron que el proyecto “alienta la expansión del juego en la provincia” y alertaron sobre el destino de los fondos que genera este negocio, “calculados en más de $ 5.000 millones anuales, un bocado apetecible para un gobierno que debe hacer frente a un déficit por un monto semejante”.
Los legisladores recordaron, además, que “desde hace 18 años el Estado bonaerense ha estimulado y fomentado el juego en la Provincia en forma alarmante, desentendiéndose de la responsabilidad que tiene de restringir la actividad lúdica” y agregaron que “es el Estado el que debe ejercer el control y generar políticas de atención para aquellos que se ven perjudicados por la actividad del juego”.
Por cuenta separada, el diputado provincial del PRO Ramiro Tagliaferro, calificó de “error gravísimo” incrementar las salas de bingos o casinos, “ya sea para equilibrar las cuentas en la Provincia o bien para beneficiar los intereses particulares de un empresario específico que es financista del Gobierno”.
Por su parte, desde el oficialismo fueron pocas las voces que defendieron la propuesta del primer mandatario bonaerense, y si así lo hicieron fueron de manera moderada, como el diputado Fernando Navarro, que indicó que se debe sostener un debate en la sociedad “sin presiones de los medios”, para determinar qué hacer con las concesiones a las empresas de juego. Asimismo, desacreditó los dichos de la oposición al considerar que se encontraban planteando el tema como “sinónimo de negociados y corrupción, y el gobierno de Scioli se encuentra con una situación que lo trasciende porque en la Provincia el juego está legalizado, hay una política de casinos anterior y si bien no hay ninguna ley todavía se discute la posibilidad de regularizar la situación para ver si se prorrogan o no las concesiones”.
En el mismo sentido que Navarro se expresó el presidente del bloque de diputados del FpV/PJ, Raúl Pérez, admitiendo que es una preocupación la “regularización” de la situación de las licencias y demanda de salas. Y el propio gobernador Scioli aclaró que “es evidente que necesitamos un encuadre legal”.
Ante este panorama, en el Gobierno bonaerense parecen retroceder unos pasos, los suficientes como para volver a la carga con más envión en los primeros meses del año que viene y en búsqueda del consenso aseguraron que antes de elaborar propuesta alguna, se harán consultas con los sectores involucrados, y ahora se incluirá a la Iglesia.
