Antes de participar de la última audiencia del año, el juez Carlos Fayt sostuvo que "hay que esperar hasta febrero" de 2009, tras la feria judicial, cuando "seguramente" se conozca el fallo del máximo tribunal sobre la legalización de tenencia de drogas para privados.

Se trata de un tema sensible y de fuerte impacto político, por lo que si bien la Corte cuenta con mayoría para impulsar la iniciativa buscará alcanzar un fallo unánime de sus siete jueces con el debate ya instalado en el terreno social, según pudo saberse.

"No estaba programado que salga este lunes porque es una causa muy importante. Es bueno que la sociedad discuta en los medios, en los distintos foros este tema porque es un tema difícil", sostuvo el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti.

Explicó, además, que "la causa esta siendo estudiada, pero no esta previsto que salga ahora" teniendo en cuenta que "hay que medirla muy bien" de acuerdo a "la opinión del tribunal en su actual composición".

"Nosotros no podemos anticipar las sentencias. Los jueces están estudiando la causa y cada uno tiene su opinión. Lo que la Corte tiene que decidir es, si en un caso en particular, se declara inconstitucionalidad la ley que penaliza el consumo de drogas para uso personal", explicó el juez en declaraciones televisivas.

Se refirió así a que, puntualmente, el máximo tribunal debe dictar sentencia en la causa Villacampa, en la que dos hombres fueron condenados por llevar un cigarrillo de marihuana cada uno y que apearon hasta llegar al máximo tribunal.

La decisión de la Corte coincidiría con la posición del Gobierno sobre el tema: reemplazar la sanción penal por la asistencia médica y optimizar los recursos de la justicia para investigar y condenar a los vendedores de estupefacientes.

Por otra parte, Lorenzetti negó que la sentencia de la Corte esté de alguna manera supeditada a la política del Gobierno en la materia, que este lunes a través del ministro de Justicia, Aníbal Fernández, informó que está trabajando en un proyecto de ley para despenalizar el consumo de drogas que incluiría "una política despiadada contra el narcotráfico", así como otra "de prevención".

"Son poderes diferentes. El Poder Ejecutivo tiene una política sobre el tratamiento de la drogadicción, y aún habiendo sanción penal (para el consumo) puede plantear la necesidad de que haya asistencia pública", distinguió Lorenzetti.

A diferencia de Fayt, el presidente de la Corte fue más prudente al momento de hablar de plazos para la sentencia y sostuvo que "siempre es difícil en fijar una fecha en estas causas" dada la importancia que tienen "para la Corte y para la sociedad".