El boicot de los legisladores opositores al gobernador radical Arturo Colombi imposibilita el inicio de sesiones para tratar temas que el ejecutivo provincial considera “prioritarios”, como la homologación del Plan de Asistencia Financiera (PAF) que habilitaría el ingreso de 232 millones de pesos provenientes de la Nación.
El período de sesiones extraordinarias de la Legislatura correntina no puede iniciarse debido a que, por quinta vez, no hubo quorum para que deliberara la Asamblea Legislativa.
Esto imposibilita el inicio de sesiones para tratar temas que el gobernador Arturo Colombi (UCR) considera “prioritarios”, como la homologación del Plan de Asistencia Financiera (PAF) que habilitaría el ingreso de 232 millones de pesos provenientes de la Nación.
La oposición le reclama al gobernador radical que informe el destino que le dará a los fondos y que cumpla el compromiso de incrementar en un 25% los haberes de los empleados públicos.
Mientras los legisladores oficialistas se encontraban en la Legislatura, a la espera de ingresar al recinto, los opositores se reunieron con la Multisectorial que agrupa a varios gremios, de la salud, docentes y municipales, entre otros.
En medio de la espera, Colombi salió a decir a través de los medios que “sin PAF no habrá incremento salarial en todo el 2009” y días atrás negó a los empleados públicos el pago de 350 pesos adicionales que había anunciado “hasta que los legisladores aprueben el refinanciamiento de la deuda”.
“Este gobierno tiene en caja más de 250 millones de pesos y con eso puede tranquilamente pagar el plus de fin de año”, dijo el senador Jorge Barrionuevo.
El legislador justicialista señaló que “estamos bregando por el diálogo pero no vamos a defender los intereses de un gobierno que pretende ser reelegido el año que viene, sino los intereses de la gente que depende del presupuesto provincial para cobrar sus haberes”.
Paralelamente, la Multisectorial de Trabajadores Provinciales, analiza denunciar penalmente al gobernador Colombi por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Aseguran que hay una violación a la Ley de Presupuesto, ya que no se cumplió con el artículo 26 que establece que el 50% de los excedentes de coparticipación debe ser destinado a incrementos salariales.
“Evidentemente esos recursos no fueron usados como se debía”, dijo, Gabriel Romero titular de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales.
En este mismo sentido se expresó el senador del Partido Nuevo, Horacio Colombo, al afirmar “el incumplimiento legal acarrea sanciones y hay mecanismos legales para ello”.
Por su parte, el diputado Luis Badaracco (PJ) aseguró que seguirán trabajando junto a los gremios “por la reivindicación de los salarios y la transparencia de los dineros públicos”.
