Retenciones fijas. Retenciones móviles. Tablita sí. Tablita no. Lo subo. Lo bajo. Lo pongo. Lo saco. AFJP sí. AFJP no. Ayer cultura tributaria. Hoy blanqueo.

Improvisado, incoherente y altamente regresivo, el sistema tributario argentino continuó este año con sus características distintivas.

Nuestros impuestos vienen siendo criticados por contribuyentes y especialistas desde hace años. Muchos políticos -en épocas de campaña- recogen esos reproches y prometen correcciones. Sin embargo, una vez alcanzado el poder, esos propósitos se desvanecen.

Por ejemplo, durante todo el primer gobierno del actual mandatario, no se registraron significativas modificaciones respecto de la estructura tributaria heredada. Entre 2003 y 2007, básicamente nada cambió, ni nada se propuso cambiar. El IVA siguió afectando en mayor proporción el ingreso de los que menos tienen. El impuesto a las ganancias siguió sin alcanzar la mayoría de las rentas financieras. Las empresas (sobre todo las extranjeras) siguieron pagando –y transfiriendo- dividendos libres de impuestos. Los combustibles líquidos siguieron costando casi la mitad de su precio en impuestos. Hasta la criticada tablita se mantuvo incólume durante esos seis años. Y el sistema privado de jubilación, también fue mantenido a rajatabla y solo modificado en el 2007, para liberar a quienes desearan migrar al régimen público.

En este primer año del segundo mandato, el viento de los cambios sopló con cierta intensidad, pero difícilmente pueda hablarse de una reforma meditada, coherente o progresista.

El verano de 2008 encontró un millón doscientos mil nuevos aportantes al sistema jubilatorio de reparto. Sin embargo, ante la opción, la amplia mayoría había elegido continuar con el régimen privado. Desconocían que la elección tendría corta vida. En octubre, el mismo gobierno que les había dado la esa alternativa, en un atropellado giro copernicano, eliminaba el sistema y confiscaba las cuentas de capitalización. Casi en un abrir y cerrar de ojos, este recurso que recauda anualmente miles de millones de pesos, pasó a ser cobrado -y administrado- íntegramente por el estado nacional.

El otoño trajo la Resolución 125 del M.E. Precipitado instrumento, cuyo evidente objetivo era aumentar la recaudación por derechos de exportación. Expectativas -luego frustradas- de precios agrícolas que parecían crecer sin límites, desataron un histérico combate entre gobierno y productores por el reparto de la hipotética superutilidad. La desgraciada norma tuvo de todo: Improvisación. Falsos argumentos. Falta de oportunidad y sucesivas correcciones. Y hasta un proyecto de ley con voto-no-positivo. Para muchos, su

fracaso debilitó el ya cuestionado andamiaje jurídico sobre el que se asientan las retenciones.

En primavera se reestrenó la comedia de los mínimos no imponibles en el impuesto a las ganancias para salarios y otros ingresos del trabajo. Ya había habido una primer versión en 2006 y otra en 2007. Es evidente que si a comienzos de cada año se negocian aumentos salariales, la “no actualización” de los montos deducibles, más la “no derogación” de la tablita que los disminuye, provocará injustas retenciones por impuesto a las ganancias durante gran parte del ejercicio fiscal. Tras prolongados tironeos, recién sobre fin de año se anunciaron -con gran pompa- las elementales correcciones que deberían haber sido hechas mucho antes. Sin embargo, continúa el criterio de no ajustar automáticamente por inflación los montos deducibles, como manda la propia ley, y se persiste en hacerle pagar impuesto a rubros salariales alejados del concepto de “ganancia” o “renta”. Por su parte, la denostada tablita parece ser mala, recién para el 2009. Su eliminación retrotraerá situaciones, sin corregir inequidades, por lo que queda pendiente la revisión integral de los impuestos que gravan salarios y otros ingresos del trabajo. Incluido el desnaturalizado régimen de Monotributo.

Para completar el cuadro de atolondrada improvisación, casi sobre fin año apareció súbitamente en escena el proyecto de ley de Blanqueo. Un clásico de nuestra legislación que se suponía definitivamente desterrado, por ser contradictorio con los esfuerzos por una nueva cultura tributaria. Finalmente, el incoherente premio a los evasores fue aprobado con dudosa legalidad y justificado en una ilusoria repatriación de fondos, en el preciso momento en que una generalizada desconfianza institucional y económica induce a lo contrario, lo que ha dado motivo para sospechar otras motivaciones.

Se mantiene entonces por acción u omisión, una legislación tributaria improvisada, emparchada, fuertemente regresiva y con escasos visos de equidad fiscal, donde, LOS QUE PAGAN, son mayoritariamente las familias a través de sus consumos, los trabajadores empleados y autónomos a través de sus ingresos, las medianas empresas a través de sus ganancias y los productores primarios de bienes exportables a través de disminuciones -retenciones- del precio pleno de sus productos de exportación, mientras que, los que menos pagan, además de los evasores y aquellos que logran eludir los tributos, son los contribuyentes del Impuesto a los bienes personales; los que cobran dividendos, los rentistas e inversores financieros y aquellos grandes contribuyentes del impuesto a las ganancias que a pesar de estar alcanzados por el impuesto en cabeza propia, por las características del mercado y su condición de formadores de precios, están en condiciones de trasladar la carga tributaria sobre proveedores, clientes, usuarios, locatarios y otros.

* Guillermo Locane es contador publico, tributarista, integra el Consejo Académico de la Especialización en Impuestos de la Escuela de Economía y Negocios Internacionales de la Universidad de Belgrano y es asesor de la diputada nacional Lidia “Pinky” Satragno