Menem y Rodríguez Saá quieren modificar la Constitución nacional

“La Constitución Nacional no debe permanecer pétrea cuando los cambios sociales le reclaman una respuesta a una realidad acuciante, que actualmente adolece de mecanismos que aseguren al pueblo argentino una justa ponderación de su organización federal”, fundamentan los senadores nacionales y ex presidentes para modificar la Carta Magna.

Los ex presidentes de la Nación, Carlos Menem y Adolfo Rodríguez Saá, actualmente senadores nacionales, han presentado un proyecto de ley para que se declare la necesidad de la reforma parcial de la Constitución nacional de 1853, con sus modificaciones de 1860, 1866, 1898, 1957 y 1994.

La Convención Constituyente convocada a estos efectos, podrá modificar únicamente los artículos 6º, 54, 75 inc. 31, 94, 96, 97, 98 y 99 inc. 20 de la Constitución nacional, en procura del “fortalecimiento del federalismo, garantizando la plena autonomía de las provincias y asegurando una mayor representación federal en la elección de Senadores Nacionales como en la de Presidente y vicepresidente de la Nación. La Convención Constituyente podrá sancionar las disposiciones transitorias que tales modificaciones hagan necesarias, detalla la iniciativa a la que tuvo acceso Parlamentario.com.

Según pretende el proyecto de los senadores opositores, el Poder Ejecutivo Nacional convocará al pueblo para que dentro de los noventa días de promulgada la presente ley, haga elección de los convencionales constituyentes.

La iniciativa establece que la Convención Constituyente funcionará en la ciudad de
Buenos Aires en las instalaciones del Congreso nacional, e iniciará su labor dentro de los sesenta días corridos posteriores a las elecciones generales a las que hace mención el art. 5º de la presente ley y deberá concluir las reformas autorizadas en el artículo 2º de la misma, dentro de los treinta días corridos posteriores desde su instalación, pudiendo prorrogar su mandato sólo una vez y por el mismo plazo.

Cabe recordar que la función constituyente es el ejercicio del acto político supremo: constituir la Nación; dar forma a sus instituciones. En un estado democrático su titularidad reside en la comunidad.

La necesidad de reforma debe ser declarada por ley y debe precisar los puntos de la Constitución que pueden ser modificados por la Convención Constituyente (Constitución nacional, artículo 30). Desde luego que esta última puede aceptarlos o rechazarlos, pero no puede apartarse del temario y de la finalidad determinadas por la ley que el Congreso sanciona. Así lo entendió la Corte Suprema de Justicia de la Nación al decir que “los poderes conferidos a la Convención no pueden considerarse ilimitados, porque el ámbito de aquellos se encuentra circunscrito por los términos de la norma que convoca y le atribuye competencia”.

“Las reformas constitucionales acotadas a algunos temas en particular son aconsejables en la medida en que sirven para consolidar y asegurar los altos fines que la Nación ha establecido para sí en la Constitución Nacional, mediante la modificación de las instituciones políticas que ella regula”, aseguran los senadores opositores.

El artículo primero de nuestra Carta Magna declara la adopción de la forma de gobierno representativa, republicana y federal. La organización federal es una de las tres columnas fundacionales sobre las cuales debe asentarse nuestro gobierno. Históricamente, ella significó una herramienta para el crecimiento y el desarrollo de nuestro país, pero –según los senadores- en las últimas décadas “ha ido perdiendo fuerza merced, entre otras causas, a la gravitación centrípeta del Gobierno nacional”.

Ante esta aseveración, Menem y Rodríguez Saá destacan “los numerosos y disvaliosos efectos que esta debilidad del federalismo produce”, y creen que “la sana razón política y la preservación de los objetivos constitucionales exigen un replanteo de la situación reciente y actual”. Por lo tanto, piden la reforma parcial de la Constitución Nacional fundamentando que “semejante centralismo exige acciones concretas que reencaucen la vida de nuestra Patria por los caminos de mayor virtuosismo institucional, aquel que pergeñaron nuestros primigenios constituyentes y al cual le debemos nuestro trabajo y esfuerzo diarios”.

“La Constitución Nacional no debe permanecer pétrea cuando los cambios sociales le reclaman una respuesta a una realidad acuciante, que actualmente adolece de mecanismos que aseguren al pueblo argentino una justa ponderación de su organización federal”, fundamentan los senadores nacionales y ex presidentes, para modificar la Carta Magna.

“El fortalecimiento del federalismo fue uno de los principales objetivos declarados en las normas, procedimientos, actos y fórmulas de todo el trabajo reformador. Sin embargo, algunas de las enmiendas de la última reforma fueron colateralmente en detrimento de aquel ideal”, admite Menem, quien fuera presidente de la Nación en la última modificación de la Carta Magna.

Así las cosas, la finalidad, el fundamento y el alcance de la reforma es el “efectivo fortalecimiento del federalismo, a través de dos ejes centrales: garantizar la plena autonomía de las provincias y asegurar una mayor representación federal en la elección de senadores nacionales como en la de presidente y vicepresidente de la Nación”, explican los legisladores justicialistas.

Con respecto a la autonomía de las provincias, los senadores afirman que “no podrá lograrse sin una clara línea de acción que emane de nuestro texto constitucional en orden a evitar las indebidas injerencias del gobierno central en ámbitos propios de las autonomías locales”.

Entonces, uno de los cambios que proponen es eliminar la herramienta conocida como “intervención federal”.

Sobre la mayor representatividad federal de los legisladores, los legisladores consideran que “tuvo nefastas consecuentes para las provincias, la eliminación del sistema de elección indirecta del Presidente y vicepresidente de la Nación; y la reforma del sistema de elección de los senadores nacionales”.

“Con el cambio instrumentado en 1994 pocos distritos electorales son los que deciden, en los hechos, la suerte de la elección presidencial”, sostienen los senadores. “La modificación operada en el sistema de elección presidencial, no supo o no pudo conjugar adecuadamente el ideal democrático con el ideal federal”, agregan.

Asimismo -reflexionan Menem y Rodríguez Saá-, el poder constituyente quedó en deuda con el régimen federal. Esta deuda no se ha discutido acabadamente. Sobre este debate pesa un sello de hierro que consiste en suponer que no hay manera posible de preservar el ideal democrático sin aceptar un menoscabo del ideal federal. El desafío consiste en liberarnos de ese preconcepto errado.

“Es menester convocar a los representantes del pueblo argentino para que una vez más, bajo los auspicios de la pluralidad democrática, se reúnan con el objeto de saldar aquella deuda”, concluyen el senador riojano y el puntano.

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