Greenpeace reclama al Gobierno que se reglamente la norma aprobada el anteaño pasado por el Parlamento.
La organización ecologista Greenpeace presentó un “Teléfono Rojo” para que la gente llame a la presidenta Cristina Kirchner, a fin de reclamarle la reglamentación de la postergada Ley de Bosques.
Sobre el tema, la gente de Greenpeace piensa que hay un boicot y por eso instalaron un teléfono gigante y tres cabinas telefónicas ubicadas entre los lobos marinos de la rambla de Mar del Plata. Fue el lanzamiento de la campaña de Greenpeace con la que piensan recorrer el país para reclamar la urgente reglamentación de la Ley de Bosques.
La campaña de llamadas al “Teléfono Rojo” tiene número: (011) 4000-5580, a donde habrá que llamar por cuanto es el teléfono que deriva las llamadas a Presidencia de la Nación para reclamar por la reglamentación de la ley.
Greenpeace se queja porque “hace un año, un millón y medio de argentinos logramos parar las topadoras con la sanción de la Ley de Bosques, pero el Poder Ejecutivo aún no la reglamentó y las provincias más comprometidas con los desmontes no quieren aplicarla correctamente”.
La organización ecologista sugiere “parar este boicot a la Ley de Bosques”, habida cuenta de que el borrador de la reglamentación de la Ley de Bosques fue realizado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, luego de un proceso consultivo del que participaron organizaciones ambientalistas y el Consejo Federal del Medio Ambiente, y fue girado a principios de julio al Poder Ejecutivo, donde se encuentra demorado en el rea de Coordinación de Presupuesto Nacional del Ministerio de Economía.
Empero, Greenpeace denunció que “a pesar de que el borrador de la reglamentación está listo desde hace seis meses, las nuevas autoridades de la Secretaría de Ambiente de la Nación pretenden rediscutirlo con los gobiernos provinciales para lavar y flexibilizar la norma”.
La Ley de Bosques fue sancionada el 28 de noviembre de 2007 tras una campaña que logró juntar un millón y medio de firmas, y establece que las provincias no pueden emitir nuevos permisos de desmonte hasta tanto no realicen un Ordenamiento Territorial de sus zonas boscosas bajo diez criterios ecológicos y categorías de conservación que apuntan a evitar la fragmentación y degradación del bosque nativo y a preservar las tierras utilizadas por las comunidades campesinas e indígenas.
