“La agenda legislativa en general la impone el Poder Ejecutivo”

La diputada de la Coalición Cívica se queja del abuso de decretos y vetos por parte de la Presidenta. Pero asegura que la historia cambiará a partir de las elecciones de 2009.

Como todos los años, enero no es un mes demasiado activo en el Congreso. En 2009 no hubo reuniones de comisión. Sólo se hizo imprescindible, por una cuestión reglamentaria, que se juntara en forma urgente la Comisión Bicameral de Seguimiento de los DNU y Facultades Delegadas. ¿Por qué se juntaron? Había que ratificar tres decretos presidenciales y un veto parcial.

En el temario se encontraba el DNU que fija una asignación no remunerativa única de carácter alimentario de $200 para todos los trabajadores del sector público y privado, cuyos haberes mensuales netos no excedan los $ 1240. Los programas “Trigo plus” y “Maiz plus” destinados a la siembra, cosecha y comercialización, a fin de incentivar el aumento de la producción de dichos cereales. También un DNU que aumenta las contribuciones a las obras sociales y un veto parcial a la nueva ley del tabaco.

Todos los decretos y el veto recibieron dictamen gracias a las firmas del oficialismo. Pero generaron fuertes críticas de la oposición, especialmente de la diputada de la Coalición Cívica Marcela Rodríguez, quien cuestionó duramente la utilización de estas herramientas especiales, que si bien son constitucionales, ella sostiene que no se usan adecuadamente.

En una entrevista con Parlamentario, Rodríguez criticó al Gobierno y a la falta de transparencia en las decisiones del Ejecutivo.

– Otra vez la Presidenta tomó la decisión de saltear al Congreso en varias decisiones. ¿Cuál es su posición?

– Nosotros hemos estado en contra, tanto de estos decretos, como de la utilización de las facultades delegadas y el veto parcial que alteró el espíritu del legislador. En cada uno marcamos que se violaron las pautas básicas de la Constitución y que deberían haber pasado por el Congreso de la Nación. Por ejemplo, lo de los 200 pesos que se dieron a los trabajadores se pudo haber tratado en el Congreso y todas las bancadas hubiéramos votado en forma unánime más allá de estar en contra de las políticas sociales y clientelares del Gobierno. Pero nadie se hubiera opuesto a esto. Sin embargo, la Presidenta decidió quedarse con el rédito político de ser ella quien otorgara los 200 pesos. Nada impedía que se hiciera por ley.

– Pero hay que reconocer que, antes del receso, la Presidenta venía mandando todo al Congreso a través de proyectos de ley…

– Sí. Y todos salieron. Había proyectos muy importantes y más polémicos que éste. Y en todos se votaba dictamen a la mañana y el proyecto a la tarde en el recinto. Los 200 pesos para los trabajadores, se hubieran tratado sobre tablas en dos segundos.

– Parecía que el Gobierno corregía el rumbo en materia institucional, pero ahora en un mes tomó varias decisiones excepcionales. ¿Por qué cree que esto es así?

– La Presidenta ha sido la que menos DNU ha firmado. Pero el 1472 del año pasado es muchísimo más grave que muchos juntos. Eran 40 mil millones de pesos. Hay decretos por 150 millones de pesos, que criticamos también. Pero en este se hicieron transferencias directas a empresas del sector público sin decir quiénes eran las beneficiarias. Son decretos importantes. Algo similar sucedió con los programas trigo plus y maíz plus (N.del R: estos decretos no fueron de Necesidad y Urgencia, sino por las facultades delegadas por la Ley de Emergencia Económica). Allí se fijan como base 13 millones de toneladas al trigo y 15 millones al maíz y aquí no se entiende cuál es la propia comunicación interna de la Presidenta con sus funcionarios: la secretaría está diciendo que la cosecha va a disminuir drásticamente y ella está estimando un crecimiento que están descartando todos los sectores. Hace una violación constitucional al asumir funciones tributarias. La materia tributaria es potestad exclusiva del Congreso porque era la única manera de ponerle un freno al monarca.

– ¿Pueden presentar un recurso de amparo diciendo que el decreto es inconstitucional?

– Nos han negado muchas veces la posibilidad de vernos nosotros como diputados, como agraviados. Deberían presentarse quienes se ven perjudicados por los decretos.

– ¿No hay entonces mecanismos para frenarlos?

– La Justicia lo habilita a través de un amparo, que debe ser presentado por organizaciones de la sociedad civil. Ellos son los que pueden presentarse ante la justicia.

– ¿Sigue el Gobierno avasallando al Congreso?

– Hay una gran tensión. Cuando el Congreso deja de ser escribanía, se utilizan estos mecanismos para avasallar sus poderes. Por ejemplo, también se trató en estos días un veto parcial a la nueva ley del tabaco y sus impuestos. Para llegar a tener consenso, la Cámara de Diputados hizo modificaciones al proyecto del Poder Ejecutivo. Allí, la ley se aprobó gracias a que se modificó el proyecto que había enviado la Presidenta y se obtuvo el consenso. Se aprobó gracias a las modificaciones, pero la Presidenta, en desacuerdo con las modificaciones, eliminó ese artículo de la ley. Nosotros no sabemos si se hubiera votado esa ley sin esas modificaciones. Muchos diputados dejaron constancia en su discurso en la Cámara que acompañaban por las modificaciones. Ella, si no estaba de acuerdo, podía hacer un veto total. Pero no sacar unos artículos que cambia el espíritu de la ley.

– ¿Cree que hoy la Presidenta tiene un poder muy amplio y los legisladores se ven relegados?

– Sí, hay cosas que no se pueden entender. Un ejemplo es la ley de glaciares. Resulta inconcebible que una norma votada por unanimidad en el Parlamento sea vetada por el Poder Ejecutivo, por las presiones de las empresas mineras. El Cuerpo había decidido todo lo contrario en forma unánime y alguien decide eliminarlo…

– ¿Esto puede cambiar a partir de las legislativas de octubre?

– Si. Estoy absolutamente segura de que las legislativas de octubre van a implicar un cambio, que se va a seguir profundizando esta tensión producida a partir de la discusión por la resolución 125. Hubo varias situaciones posteriores en que la oposición logró modificar o frenar determinados intentos del Poder Ejecutivo y, ante una nueva composición de la Cámara, esto se va a profundizar. Los números demuestran el descenso de la imagen pública del Gobierno, lo cual se va a agudizar por los efectos de la crisis. Todo esto va a hacer que las mayorías de las cámaras cambien y se habilite a un mayor juego para la oposición. Especialmente en las cuestiones de gravedad institucional. Tenemos que defender las instituciones y la Constitución nacional.

– ¿Cómo cree que va a ser la agenda legislativa de 2009?

– Es difícil saber. La agenda en general la impone el Poder Ejecutivo. Sería bueno avanzar en una agenda que beneficie a la sociedad, especialmente en lo que hace a lo social. Dar 200 pesos es un regalo de pan dulce, no es respetar a la ciudadanía. Nosotros desde el 97 venimos proponiendo un ingreso ciudadano universal para cada chico o chica. Para que todos puedan ser ciudadanos, comer en sus casas y tener derecho a la salud y educación. Se quejan de la inseguridad, pero la única forma de prevenir los conflictos es reconocer los derechos básicos de los chicos. No podemos aplicar mano dura con quien le hemos negado todos los derechos. En vez de otorgar sobreprecios en obras, deberíamos poder pagar a los chicos y a los adultos mayores. Otorgando un ingreso universal para otorgar una vejez digna. Millones de argentinos han sufrido desempleo en las últimas décadas y no han podido aportar. Por eso tiene que haber una asignación universal, que se pague con el dinero de la ANSeS, en lugar de usarlo para que De Vido pague sobreprecios. Es plata que le pertenece a los jubilados y se deberían otorgar aumentos. Se comete un saqueo con nuestros abuelos, porque se usa su plata para pagar deuda externa. O se paga un tren bala a costa de que nuestros jubilados no puedan pagar sus remedios.

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