El frente fiscal puede ser un dolor de cabeza para el Gobierno en los próximos meses. Esa es la frase más escuchada en esta etapa del verano de 2009. Los números, tal como están perfilando en el inicio del año, muestran un panorama más preocupante.

Si bien se resolvió adoptar medidas urgentes y necesarias, en el Gobierno admiten que “muy difícilmente pueda cumplirse con la pauta de superávit primario de 3,2% del PBI estimado para este año”.

Y el comienzo no fue muy auspicio. Obligado por la grave sequía, el Poder Ejecutivo anunció medidas para el sector agropecuario, las cuales tienen un costo aproximado entre 5.000 a 5.500 millones de pesos.

Pero a la vez se empieza a observar una expansión del gasto público por el lado de la ayuda a provincias y municipios.

Este año el cuello de botella no serán los subsidios, como viene ocurriendo desde 2003, sino los “pedidos” de gobernadores e intendentes. Con un año electoral por delante, todo el mundo quiere hacer “bien los deberes” y mejorar las posibilidades políticas en octubre. De allí que algunos analistas sostienen que el gasto público previsto para este año va a tener un incremento de, por lo menos, entre el 25 y el 30 por ciento.

Sin embargo, en el Palacio de Hacienda relativizan ese panorama. “Aquí se le está dando prioridad a la obra pública, a la asistencia social, es decir, a temas cruciales para el país”, subrayó ante Parlamentario una importante fuente del Ministerio de Planificación consultada.

El mismo funcionario fue más allá y elaboró algunas frases con tono de queja.

“Siempre pasa lo mismo. Basta que sea un año electoral para que muchos digan que el Gobierno hace determinada cosa por las elecciones. Eso no es así. Aquí hay un plan muy importante de obras públicas que se viene realizando desde hace cuatro o cinco años y que se va incrementando”, afirmó la fuente.

De todas maneras, más allá de las declaraciones formales que realizan algunos funcionarios y dirigentes políticos, lo concreto es que el Gobierno ya empieza a sentir ese cuello de botella en el balance de las cuentas públicas. La cifra del déficit de 3.500 millones de pesos en diciembre último prendió una luz de alerta.

A esto se le agrega la decisión del Ejecutivo de trasladar para adelante algunos vencimientos de la deuda, como es el caso concreto de los préstamos garantizados.

Es más: se calcula que esa operación de canje que está desarrollando el Poder Ejecutivo no será la única y se prevé que antes de mitad de año el Gobierno realizará otro canje de determinados títulos.

Indudablemente que ya se empezaron a sentir los efectos directos de la crisis internacional. Menor actividad económica, desaceleración de las exportaciones, descenso en los ritmos de la recaudación impositiva, marcan un horizonte bastante más complicado de lo que se pensaba dos o tres meses atrás.