En concordancia con el reclamo de numerosas organizaciones ambientalistas, la senadora salteña Sonia Escudero (PJ) pidió a la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, a través de una carta, que reglamente a la brevedad la ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.

En la misiva, la legisladora manifestó su preocupación, ya que “la no reglamentación de la ley hoy por hoy se traduce en la no aplicación de la misma”, al tiempo que solicitó, especialmente, “la urgente constitución del fondo compensador contemplado en la norma, para que no caiga en letra muerta”.

El mencionado texto fue sancionado hace más de un año, el 28 de noviembre de 2007, y han transcurrido varios meses desde el plazo señalado en la ley, que venció el 13 de mayo del año pasado.

“La ley fue el resultado de un amplio debate y consenso, donde todos los sectores involucrados fueron escuchados. Sin embargo, y a pesar de que la norma contó, además, con una gran campaña de sensibilización de la opinión pública en torno a la importancia de la conservación de los bosques, aún sigue pendiente su reglamentación –y lo que es más importante- aún sigue sin constituirse el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, cuyo objeto es compensar a las jurisdicciones que conservan los bosques nativos por los servicios ambientales que prestan a la sociedad”, señaló.

Escudero indicó además que “la provincia que represento, Salta, es una de las jurisdicciones con mayor superficie de bosques nativos en su territorio. La tercera parte del territorio salteño está cubierto por bosques y montes. Pero también es una de las pobres de la Argentina”. A modo ejemplificativo, ilustró con datos de la Encuesta Permanente de Hogares sus dichos: mientras las personas bajo la línea de pobreza en la Ciudad de Buenos Aires son del 8,6%, en Río Gallegos del 6,9%, en Salta (capital) esta cifra asciende al 45,7%”.

En su nota, Escudero destacó que la provincia de Salta “de ningún modo puede cargar en sus espaldas con el costo económico de la preservación de este recurso natural. Tampoco debería: es una de las menos explotadas, menos industrializada y por ende de las menos contaminantes”.

“No es un principio de justicia social que las provincias más pobres de la Argentina deban “subsidiar” el progreso de las Provincias más ricas a costa de su propio progreso, paralizando una de las principales actividades rentables que son fuente de trabajo primigenia para sus habitantes”, aseguró.

La senadora fue contundente en su nota: “Sin la puesta en marcha del Fondo Compensador (del artículo 30 de la ley), la misma se va a convertir –lamentablemente-, en letra muerta. Jamás se podría materializar; a menos, por supuesto, que se pretenda condenar a las provincias con bosques nativos a la desocupación y a la pobreza, mientras que las provincias industrializadas continúan creciendo, progresando y por ende contaminando el aire que respiramos todos”.

“Que quede claro –advirtió la legisladora en su carta- no es una dádiva lo que pedimos, es una verdadera compensación por vernos impedidos de utilizar los recursos que nos pertenecen, recursos que son propios y de los que detentamos el dominio originario según el art. 124 de la Constitución Nacional. La realidad del Norte argentino nos dice que hoy existe una absoluta imposibilidad de cumplir con esta ley de no existir un fuerte respaldo económico que suplante la paralización de actividades forestales y agrícolas”.

“Es evidente que la no reglamentación de la ley hoy por hoy se traduce en la no aplicación de la ley. Y dada la inminente paralización de las actividades, sumada a la incertidumbre acerca de si el Fondo se va a constituir o no, genera una avalancha de desmontes hacia zonas originariamente habitadas por campesinos e indígenas, que están perdiendo no sólo las tierras donde vivieron desde tiempos inmemoriales, sino también su única fuente de trabajo y subsistencia”, agregó.

“Esta expulsión genera un clima de malestar e inestabilidad social que ya está trayendo consecuencias desastrosas en mi Provincia, y que es posible frenar sólo con su decisión de reglamentar esta ley”, sentenció la legisladora.