En la legislatura bonaerense se presentó un proyecto por medio del cual se le solicita al Congreso de la Nación una "reforma a la Ley de Impuesto al Valor Agregado, ley Nº 23.349, a los efectos del establecimiento de la eximisión total del gravamen en cuestión o bien una posible reducción gradual de su alícuota, en relación a la venta de cada uno de los productos integrantes de la Canasta Básica Alimentaria, en todas sus etapas de comercialización".
El diputado provincial Mario Cura, autor de la iniciativa parlamentaria, manifestó que "continúa siendo materia pendiente de solución, la inmensa cantidad de argentinos que se encuentran en estado de indigencia y aún muchísimos más que se hallan bajo la línea de pobreza, convirtiéndose la realidad que nos circunda a diario, el índice más justo de medición, y ello aún por encima de los pretenciosos índices convencionales".
“Los que representamos al pueblo y tenemos una responsabilidad política, tenemos el deber inevitable de tomar las medidas y acciones necesarias que corrijan semejante flagelo", expresó Cura.
El legislador de Olavarría consideró oportuno consignar que "resulta imprescindible que el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires haga suya esta iniciativa, especialmente teniendo en cuenta la inmensa cantidad de habitantes de la Provincia, en especial los del Conurbano bonaerense, que se verán beneficiados con la medida que se propicia, e interceda ante el gobierno nacional a los efectos de convertirla en realidad a la mayor brevedad", remató el legislador.
A manera estadística, Cura citó: "en nuestro País, en el año 1975 fue incorporado al sistema impositivo nacional, el Impuesto al Valor Agregado - IVA -. En la época, el Gobierno Justicialista estableció ya una clara distinción sobre los bienes que recaería el impuesto y en ese aspecto claramente predominó el sentido social de incidencia del tributo. Fue exceptuada la canasta familiar (la hoy denominada C.B.A. –canasta básica de alimentos-) de la incidencia del IVA. Con posterioridad, y hasta el presente ha sido errático tanto el esquema de alícuotas que se aplicaron, como los bienes y servicios que fueron alcanzados por el tributo. No obstante lo que se advierte es un fuerte crecimiento de la tasa, - desde un 13 % inicialmente y a una cantidad limitada de productos-, llegando a la actualidad al 21 % alcanzando la mayor parte de los bienes y servicios. A nivel latinoamericano, solo Uruguay supera nuestra alícuota de IVA (23%). En relación a los restantes países hermanos nuestra alícuota resulta altísima (21% contra un 14,4 % promedio de los demás países).
También es conocido el hecho que en la recaudación por IVA nuestro país recauda aproximadamente el 47 % del producto bruto interno mientras en concepto de impuesto a las ganancias recauda aproximadamente 23 % del P.B.I. Al solo efecto comparativo en los países de la O.C.D.E. (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico) la relación es absolutamente inversa se recauda 36 % en ganancias y 18 % en IVA en relación a los P.B.I. de los 30 países centrales que lo integran".
Es por eso, dijo Cura, que "nuestra filosofía profundamente humana y cristiana nos indica que el mayor esfuerzo económico para sostener el Estado y para que este cumpla con sus objetivos es: más tributa el que más tiene. Pero no en valores absolutos, debe tributar proporcionalmente más conforme a su capacidad contributiva. Esto es hacer justicia social. Esto es propiciar redistribución del ingreso. Esto es generar mayor consumo de los más necesitados. Esto es hacer efectiva la inclusión social".
Por ello, "este proyecto solicita la eximisión del impuesto al valor agregado (IVA) a todos los productos de la canasta básica de alimentos en todas sus etapas de comercialización. Para eso se debe proceder a la modificación de la Ley 20.631 (IVA) y, además, aplicar todos los mecanismos complementarios necesarios para su aplicación práctica de modo tal que la inescrupulosidad a los actores de las cadenas de comercialización, no terminen esterilizando la supresión de la alícuota sobre los alimentos y desde la dictadura del mercado desnaturalicen la modificación que se propicia. Para ello deben ser rigurosos los controles para lo cual todas las instancias gubernamentales y de organismos no gubernamentales y para estatales deben participar a los fines que la especulación no triunfe sobre la solidaridad social".