La legisladora nacional Silvana Giudici elaboró un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo Nacional explique en que condiciones se realizó la transferencia –venta de la licencia de la Radiodifusora del Plata AM 1030, cuyos nuevos operadores rescindieron unilateralmente el contrato con el periodista Nelson Castro.

Entre sus consultas, Giudici quiere saber si el COMFER tenía registrada “la propuesta de programación de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 3º del Decreto 527/05 y la Resolución 214/07”, si tenía conocimientos de los cambios en la grilla, y si conoce “los motivos del levantamiento del programa Puntos de Vista” conducido por Castro, cuyo contrato vencía a fines de 2009, y que salió del aire luego de comentar un informe en que se vincula a la empresa -que posee las acciones mayoritarias de la radio- con el cobro de sobreprecios en obras en Chubut y Santa Cruz.

Además, considera “llamativa” la incursión en los últimos tiempos de “algunas empresas o grupos económicos en la radiodifusión argentina cuyas actividades están totalmente alejadas del ámbito cultural, social, y periodístico”.

“Sin dejar de reconocer la libertad de mercado y la libertad de asociación que rigen en nuestro sistema, sabemos que la propiedad de licencias de radiodifusión (sobre todo de medios de gran audiencia) se utiliza como elemento de presión, y direccionamiento del discurso hacia los intereses económicos del grupo propietario”, indica.

El proyecto de resolución de Giudici fue acompañado por el jefe del bloque PRO, Federico Pinedo, y de los diputados Norma Morandini (Memoria y Democracia), Fernando Iglesias (CC) y Miguel Giubergia (UCR)

En sus fundamentos, la diputada porteña indica que la transferencia-venta de la licencia otorgada para la explotación de la Radiodifusora del Plata AM 1030 al Grupo Empresarial Argentino S.A., supone “una serie de interrogantes que requieren respuesta por parte del Poder Ejecutivo Nacional a propósito de quienes acceden finalmente a la licencia, el Grupo Empresarial Argentino S.A., integrado mayoritariamente por la empresa Electroingeniería S.A., grupo que no cuenta a priori con antecedentes en materia de la explotación de servicios de radiodifusión”.

“Llama la atención la incursión de la empresa Electroingeniería S.A. como prestadora de servicios de radiodifusión. Esta empresa que comenzó como una PyME dedicada a la construcción de tableros eléctricos, es hoy una gran empresa a nivel nacional dedicada a diversos rubros entre ellos el eléctrico, a la construcción de obras civiles estatales y a negocios agroindustriales entre otras actividades”, dice.

Giudici señala que el levantamiento de la emisión de Castro se dio luego de que en la emisión del 5 de enero se hablara sobre “una denuncia de sobreprecios realizada por la Auditoría General de la Nación, cuyo informe reprodujo en tapa el Diario La Nación y fue comentado también por distintos medios periodísticos”.

En esta, se denuncian sobreprecios en el tendido de una red eléctrica en las provincias de Chubut y Santa Cruz. “La empresa señalada es justamente Electroingeniería S.A., es decir la nueva operadora de la señal que emitía el programa Puntos de Vista”, señala Giudici que además agrega que esta empresa “cuenta con el lamentable antecedente de haber quedado involucrada en el caso Skanska, por un presunto intento de coimas y de fuerte vinculación con algunos funcionarios del gobierno nacional”.

Por esto, subraya que “podríamos inferir entonces que se trata de un grupo económico “amigo” del gobierno que accede a la radiodifusión en este particular año electoral, con un claro objetivo, evitar todo tipo de opinión o investigación que pueda poner en riesgo la imagen oficial, además, claro está, de no tolerar cualquier opinión que dañe sus propios intereses. Lo cual explica que se haya decidido concluir con el ciclo de Nelson Castro”.

“Esta acción constituye una severa amenaza al derecho constitucional de Libertad de Expresión que hay que denunciar e investigar, tratando de esclarecer cual es el rol del organismo de control, el COMFER y con que información cuenta para el otorgamiento y posterior control de las licencias de radiodifusión y de sus operadores comerciales”, finaliza la presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión de Diputados.