Esto lo había pedido la diputada del bloque socialista Laura Sesma, quien había solicitado al Poder Ejecutivo Nacional la "urgente reglamentación de la ley de protección de bosques nativos".

La gravísima situación que atraviesa la localidad salteña de Tartagal era previsible, según detallan desde el bloque socialistas de diputados nacionales.

"El desmonte indiscriminado produce un caos ambiental con consecuencias palpables, del que no escapan ni siquiera áreas protegidas como las reservas de biosferas, reconocidas como tales por la UNESCO y concebidas como una manera de conciliar la protección de los recursos naturales con las necesidades de la comunidad, compatibilizando producción y medio ambiente", manifestó Sesma, quien agregó que "las variaciones en el clima y la interrupción en el desarrollo de los suelos se han manifestado con violencia por caso, en las inundaciones, cada vez menos controlables".

La Ley Nacional Nº 26.331 de "Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos", fue sancionada el 28 de noviembre del 2007. La legisladora socialista denuncia que "en la Argentina del 2004 a la fecha se han desforestado un millón de hectáreas. En el quinquenio 2002-2006, el desmonte de bosques creció un 42% respecto del quinquenio 1998-2002. Como resultado, la tasa de deforestación de nuestro país, que es la que mide el porcentual de pérdida anual respecto de la superficie remanente, es seis veces más alta que el promedio mundial".

Esta situación es la que la se pretendía remediar mediante la ley Nº 26.331 que establece la suspensión de la emisión de permisos de desmonte por un año, periodo en el que cada provincia deberá realizar un ordenamiento territorial de sus bosques nativos, en base a criterios ecológicos y categorías de conservación que apuntan a planificar las actividades forestales, agrícolas y ganaderas evitando la fragmentación y degradación del bosque nativo, y otorgando prioridad al cuidado de los bosques que actualmente ocupan y utilizan comunidades indígenas y campesinas.