Miguel De Luca es politólogo y presidente de la Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP). Se especializa en cuestiones de reforma institucional, procesos de gobierno, régimen electoral y partidos políticos y es uno de los analistas más reconocidos del país sobre estos temas. En la actualidad es investigador de carrera en el CONICET y se desempeña como consultor para políticos, legisladores y ONGs. En diálogo con Parlamentario, De Luca, desmiente que el Congreso sea una escribanía del Ejecutivo y resalta las reformas institucionales que allí se encararon. Pero critica el “alto grado de improvisación” cuando se proponen reformas políticas o electorales.

– 2008 fue un año muy particular para el Parlamento. ¿Cree que hubo un cambio real en la dinámica de relaciones entre el Poder Ejecutivo y Legislativo?

– En este tema es necesario diferenciar dos planos: el de la imagen que estas relaciones tienen en la opinión pública y el de los hechos. No siempre ambos coinciden. En el 2008 se produjo un quiebre en lo que venía siendo la imagen pública de la dinámica de las relaciones entre Presidente y Congreso durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Más allá de lo que efectivamente ocurrió, desde 2003 hasta 2008 la sensación generalizada había sido la de un Ejecutivo dominante y un Legislativo dócil, una “escribanía”.

Con la votación sobre las denominadas “retenciones” esa imagen sufrió un cambio muy significativo y el Congreso pareció asumir un papel más activo: parecía que los legisladores ya no votaban las iniciativas de la Casa Rosada sin siquiera debatirlas.

Pero, volviendo a la diferencia entre ambos planos, la imagen y los hechos, también acá cabe una aclaración: más allá de que el principal proyecto legislativo presentado por el Gobierno naufragó en el Congreso y que eso tuvo un gran impacto público, en términos globales, el Ejecutivo continuó predominando en las relaciones entre ambos poderes. Es decir, si se toma la totalidad de iniciativas enviadas por los dos últimos presidentes, y se examina detenidamente las modificaciones introducidas, los rechazos o el “cajoneo” por el Congreso, no se encontrarán diferencias significativas entre una gestión y otra.

– ¿O sea qué en definitiva nada cambió?

– No, lo que señalo es que en todo este tiempo el patrón de relación entre Congreso y Presidencia se mantuvo más o menos constante, con un ligero predominio del Ejecutivo. El Congreso no es ni ha sido decorativo.

– ¿Cómo evalúa a nivel institucional el hecho de que un vicepresidente le haya votado en contra a su Gobierno?

– Desde el punto de vista institucional, el vicepresidente ejerció una función que le es atribuida por la Constitución: desempatar en caso de empate. En la dimensión legal la decisión de Julio Cobos es incuestionable. El debate está presente -en cambio- en el plano político.

¿Debe un vicepresidente votar en contra de la voluntad del Presidente con el qué fue electo en la misma fórmula, en la misma boleta electoral? En este caso, hay que remitirse al contexto en que se produce el ya famoso “voto no positivo”.

Primero, el vicepresidente no pertenece al partido político de la Presidenta.

Segundo, en reiteradas ocasiones el vicepresidente fue relegado a un papel casi inexistente y, en los hechos, se encuentra totalmente excluido del núcleo de personas que toman las principales decisiones de Gobierno.

Tercero, tanto diputados como senadores del propio partido de la Presidenta votan en contra de la medida propiciada por ésta.

Cuarto, los voceros de la Presidenta declaran que no admitirán cambios significativos en el proyecto a tratar.

Quinto, la iniciativa presidencial es altamente resistida por un sector social que se ha movilizado reiteradamente contra la misma.

Sexto, la controversia ha generado una fuerte tensión entre el Gobierno y ese sector, recibiendo una importante cobertura mediática.

– ¿Cómo funcionan estas cosas en otros países?

– La convivencia entre presidentes y vicepresidentes no ha sido fácil ni armoniosa en más de una ocasión. En varios casos ha habido conflictos entre ambos funcionarios, que incluyeron acusaciones y renuncias. Y así también ha sido en nuestra historia, tanto en la más reciente como en la del siglo XIX.

– ¿Cree qué se avanzó en lo que hace a transparencia del funcionamiento del Congreso después de la crisis de 2002?
– Creo que ha habido algunos cambios en esa dirección. Pero también que no han sido cambios de relevancia. De cualquier forma, considero que el Congreso exhibe un funcionamiento más transparente que la Presidencia y la Justicia y ésta es una cuestión que debe tenerse muy presente. En general, sólo se les exige transparencia a los legisladores.

Y, en cambio, este reclamo no se dirige a los funcionarios del Ejecutivo ni a los jueces, cuando sus actos y decisiones gravitan tanto sobre la política del país como las medidas adoptadas por los legisladores.

¿Cómo evaluá el trabajo del Congreso en estos últimos años?

– El Congreso argentino, como los de casi todos los países democráticos, tiene “mala prensa”. En muchos casos, esta imagen negativa que proporcionan los medios masivos de comunicación es merecida, pero en otros es injusta o sesgada. Los comentarios sobre el Poder Legislativo casi siempre aparecen relacionados a las “sesiones maratónicas”, a los proyectos estrafalarios, a las dietas, al ausentismo o a la designación de empleados que cobran pero no trabajan en la institución. En cambio, prácticamente no aparecen notas en profundidad sobre el trabajo en las comisiones de asesoramiento, sobre los diferentes proyectos de ley presentados sobre un mismo tema.

El Congreso argentino, en comparación con los legislativos latinoamericanos, funciona relativamente bien. Y, tanto en los últimos años como desde la restauración democrática ha sido ámbito de importantes debates, caja de resonancia de cuestiones sumamente importantes para el país y, aunque con limitaciones también ejerció su función de control y sirvió como espacio para la formación y la socialización de la clase política.

– Se dice que los parlamentos están en decadencia en todo el mundo. ¿Creé que es así?

– Los especialistas coinciden en que el último siglo fue el del “ocaso legislativo”, mientras que el siglo XIX fue el siglo de oro de los parlamentos. En realidad, los parlamentos decayeron en el ejercicio de su función legislativa, que en su momento fue considerada como la más importante. Pero también hay que reconocer que supieron conservar en plenitud, e inclusive reforzar, otras funciones, como la de controlar al Gobierno.

Además, este declive de la función legislativa es producto de una serie de fenómenos que transcienden a la institución parlamentaria. Los problemas políticos, sociales y económicos de hoy son mucho más complejos que los de hace 100 años, lo cual requiere de especialistas, de técnicos, que suelen estar presentes en los cargos ejecutivos antes que en las bancas parlamentarias.

La dinámica política requiere de decisiones tomadas en tiempos más cortos y eso sólo es posible con una intervención más activa del Gobierno. Se asumen que ciertas medidas no pueden esperar a la deliberación, al debate parlamentario. Lo mismo ocurre con la ascendente injerencia del Estado: las normas que regulan el comportamiento de los ciudadanos ya no son sólo las sancionadas en el Parlamento, sino que también cuentan los decretos presidenciales, las resoluciones ministeriales, las disposiciones de organismos públicos y hasta las circulares de los bancos centrales.

Por último, tenemos la llegada de la televisión a la política y, con ella, la personalización. Este fenómeno también ha potenciado al Poder Ejecutivo en desmedro del Legislativo.

– Mucho se habla de la necesidad de mejorar el funcionamiento y la transparencia del Congreso. Algunas de esas reformas se fueron llevando a cabo, pero sin embargo, la opinión pública no ha valorado tanto. ¿Qué opina al respecto?

– En efecto, creo que es así. Por un lado, la transparencia no es un valor que sea particularmente valorado por gran parte del electorado. Es sí, una preocupación de algunos sectores, pero no es una cuestión importante para la gran mayoría.

– ¿Por qué?

– Porque en términos generales el electorado argentino no posee los mismos valores que el de otras sociedades. Así como la mayoría de los votantes argentinos no orienta su voto en términos programáticos, o de izquierda a derecha, tampoco se caracteriza por valorar la transparencia. Y, por otra parte, existe un alto grado de improvisación cuando se proponen reformas en esta dirección.

– ¿Por ejemplo?

– Por ejemplo, cuando se lanza una reforma del sistema electoral. Habitualmente se la presenta como la panacea, como la solución mágica de todos los problemas. Y eso no podría ser nunca así, ni en Argentina ni en ningún otro país del mundo.