El diputado provincial Héctor Bárbaro del Frente para la Victoria, junto a 18 productores tabacaleros fueron notificados por la Justicia misionera de su condición de imputados, tras una denuncia que efectuó la Cooperativa Tabacalera de Misiones el año pasado por la medida de fuerza que llevaron adelante los colonos en las puertas de dicha institución, en reclamo de mejores precios para sus productos.

En el caso del legislador, el avance de la causa implicaría el desafuero efectivo, el cual fuera anticipado por el Juzgado de Instrucción de la localidad de Leandro N. Alem a cargo de Selva Raquel Zuetta mediante una insólita cédula de notificación dirigida al presidente de la Legislatura -el ex gobernador Carlos Rovira- y éste, pese a los insistentes pedidos de los diputados de la oposición, nunca les entregó una copia de dicha nota.

El reflote de la causa judicial se da un contexto de creciente efervescencia en el sector tabacalero gracias a la lucha que lleva adelante el diputado Bárbaro, que no ha cesado de denunciar públicamente todos los atropellos del cual son víctimas los colonos. En ese contexto, el sábado último cerca de tres mil minifundistas que no llegan a ganar cinco pesos diarios se convocaron para analizar y debatir la problemática que los aqueja, como el incremento precipitado de los costos de producción por los precios de los insumos y por una deuda que el Estado provincial mantiene con ellos luego de que se levantase la huelga.

Asimismo, días atrás, un canal de noticias nacionales elaboró un extenso informe a causa de una denuncia judicial sobre una megaestafa con subsidios -por más de un millón y medio de pesos- que tendría más de 100 colonos en su mayoría analfabetos como afectados directos, que además contaría con la presunta connivencia de las autoridades del Instituto de Fomento Agrario e Industrial (IFAI-organismo dependiente del Ministerio del Agro misionero) y de la Asociación de Plantadores de Tabaco de Misiones (APTM).

Bárbaro se mostró indignado por la notificación y dijo que en Misiones “sólo existe justicia para los pobres”. “Cuando fui en estos días al juzgado para ampliar la denuncia por el plan cañero me entero que reavivaron la causa y específicamente la mía, por lo que lo tomo como un intento de amedrentamiento”, sostuvo.

“Cometieron un gran error porque las causas estaban dormidas y la gente tranquila, ahora ya llamaron desde Andresito que quieren venir devuelta a cortar la ruta en señal de protesta. Estoy tratando de calmar a esa gente que está indignada con todo esto”, agregó Bárbaro, al tiempo que señaló que “lo mismo hicieron el año pasado, cuando salieron las autoridades a acusar de delincuente a los productores, el corte se llenó de gente”.

Qué denunció el diputado Bárbaro

Productores tabacaleros y el diputado provincial Héctor Bárbaro denunciaron que inspectores del Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial (IFAI) y de la asociación de Productores Tabacaleros de Misiones (APTM) desviaron fondos que tenían como objetivo subsidiar la plantación de caña de azúcar entre los tabacaleros de San Javier. Esta no es la primera denuncia de presunta corrupción que involucra al IFAI en movimientos turbios en la zona de la cuenca azucarera de la provincia.

La Nación destinó 1,5 millones de pesos para los productores tabacaleros misioneros, con el fin de incentivar la plantación de caña de azúcar, pero sólo parte de ese dinero llegó al bolsillo de algunos productores. Según denuncian los productores y el diputado Bárbaro, un grupo de empleados del IFAI y de la APTM se habrían quedado con parte de esos fondos que correspondían a los productores. El mecanismo empleado por los denunciados, según los damnificados, fue la alteración de las planillas de pago para quedarse con la diferencia de lo que se oficializa y lo que realmente recibe el productor.

Jeremías Porto, productor tabacalero de San Javier, fue damnificado por esta maniobra y denunció judicialmente los mecanismos empleados.

Según el diputado Bárbaro, son varios los mecanismos empleados por los funcionarios de estas entidades, para apropiarse de una parte de los fondos que corresponden a los productores. El más directo de los mecanismos que el legislador tuvo conocimiento es la coima, a través del cual los inspectores arreglan con los productores la entrega de una determinada suma como subsidio a cambio de un porcentaje, del monto total. Pero hay mecanismos aún más graves. “Se llevan los talonarios de los colonos para facturar la caña, le roban hojas originales y luego se lo devuelven, con esos originales facturan servicios de carpida o siembra que nunca realizaron y le hacen los descuentos para quedarse con una parte del subsidio”, afirmó el legislador.

Bárbaro responsabiliza directamente a los inspectores del IFAI y de APTM de estar involucrados en estas maniobras. “Alguien tiene que tomar medidas sobre esto, se están aprovechando de los pequeños productores. Los responsables deben renunciar a sus puestos o ir presos, algo hay que hacer”, afirmó.

“El caso más emblemático es el de Jeremías Porto, un colono de la zona de San Javier que firmó por 11 hectáreas de acuerdo a las planillas del IFAI y la APTM pero que en realidad apenas plantó poco más de una. Por eso, recibió una determinada suma de dinero (alrededor de 1500 pesos) sin recibo ni cheque aunque el restante (más de 10 mil) se perdió quién sabe dónde. Porto finalmente fue quien llevó los hechos a la Justicia. Dentro de los testimonios, se destacó el de otro colono de apellido Genesini al que le agregaron facturas varias a su talonario con diferentes operaciones relacionadas a la caña (carpido, semillas, etcétera) pero que jamás fueron efectuadas por el damnificado, a quien además, le falsificaron reiteradamente la firma. Tanto Genesini como Porto no saben leer”.