El senador Adolfo Rodríguez Saá presentó un proyecto de ley para que la presidenta de la Nación, Cristina Kirchner, convoque a todos los gobernadores y “principales agentes económicos y sociales” del país a participar de una reunión conjunta destinada a la “creación del Consejo Económico Social, que deberá realizar en el ámbito del Senado”.

Al fundamentar su propuesta, el legislador puntano destacó que “la instauración de un Consejo Económico Social en la República Argentina es una antigua aspiración de muchos agentes políticos, sociales y económicos de nuestro país que en estos momentos de crisis económica ha recobrado vigencia” a partir de la reciente visita que la jefa de Estado realizó a España.

Además, destacó que “la convocatoria a una primera reunión que inicie un merecido diálogo institucional entre los principales actores políticos, sociales y económicos de nuestro país en aras a lograr la creación de suficientemente consensuada del Consejo Económico Social de la República Argentina, es una tarea impostergable para este Cuerpo Legislativo”.

A continuación, detallamos textualmente el proyecto presentado por el senador Rodríguez Saá.

Artículo 1º.- Convóquese a la Sra. Presidente de la Nación, a los Sres. Gobernadores de Provincia, al Sr. Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a los principales agentes económicos y sociales del país, a una reunión conjunta para el tratamiento de la creación del Consejo Económico Social de la República Argentina, la que se realizará en el ámbito del Honorable Senado de la Nación dentro de los quince días corridos de la entrada en vigencia de la presente ley.

Artículo 2º.- La convocatoria y las demás cuestiones organizativas de la reunión referida en el artículo 1º estarán a cargo de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Economía Nacional e Inversión.

Artículo 3º.- La presente ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.

Artículo 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

La instauración de un Consejo Económico Social en la República Argentina es una antigua aspiración de muchos agentes políticos, sociales y económicos de nuestro país que en estos momentos de crisis económica ha recobrado vigencia y, particularmente, a raíz de la reciente visita de la Sra. Presidente de la Nación a España.

Diversos medios de prensa señalaron que “la Presidenta instruyó en España a su ministro de Trabajo, Carlos Tomada, a que acelerara apenas llegaran a Buenos Aires la conformación del Consejo Económico Social sobre la base del modelo español. Moyano adelantó que el Gobierno lo creará “por decreto” y no por ley el órgano que negociará el posible acuerdo social” (Cfr. http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1098828; Diario “La Nación” del 11.02.09;).

Lo cierto es que si pretendemos tomar el modelo ibérico, no debe perderse de vista que el Consejo Económico y Social español (CES) previsto en la Constitución de 1978 (art. 131.2), y que vio la luz en 1991, pretende ser –conforme lo ha definido su Presidente, Sr. Marcos Peña– un lugar de entendimiento entre los agentes sociales y económicos, ya que en él están organizaciones empresariales sindicales y otras representativas de los intereses de la ciudadanía. Se configura como un alto órgano consultivo del Gobierno, de tal manera que su voz se haga oír en la toma de decisiones que afectan a los distintos sectores que conforman la sociedad española. En ese objetivo, el Consejo emite dictamen preceptivo sobre los Anteproyectos de Leyes del Estado, Proyectos de Reales Decretos Legislativos que regulen las políticas socioeconómicas y laborales y Proyectos de Reales Decretos que se considere por el Gobierno que tienen una especial trascendencia en este ámbito. Y no sólo eso. También el CES, por iniciativa propia, analiza y estudia aspectos que preocupan a la sociedad. La memoria anual se ha convertido en obligada referencia para entender el desarrollo y la situación socioeconómica española.

Se trata, entonces, de un órgano previsto en la propia Constitución Española, efectivamente instaurado por una ley. La génesis de una institución de tanta envergadura no es un dato menor: define, en buena medida, su estabilidad en el tiempo y la injerencia que sobre él pueden tener los gobiernos de turno.

Ahora bien, aquellas primeras declaraciones del líder de la C.G.T. en el sentido de la creación por decreto del Consejo Económico Social fueron en un momento atenuadas por supuestas versiones de que el Poder Ejecutivo enviaría al Congreso un proyecto de ley. Pero lamentablemente la posibilidad del tratamiento en este recinto de la creación de un órgano tan trascendental en la historia institucional de nuestro país se desvanece cada vez más.

En una reciente nota, el periodista Rubén Rabanal señala que hay sectores que hasta piden por carta que el Gobierno los invite para tratar la creación del Consejo Económico Social. “Ayer, todo indicaba que el Gobierno no se someterá a una pelea con la oposición en el Congreso para crear esa mesa de discusión en la que cada día tienen lugar más sectores, salvo el campo, que aún no recibió invitación.

La decisión de no apelar a una ley es lógica para el Gobierno: para qué debatir en los recintos la creación de un organismo en el que los partidos de oposición no tendrán lugar y, por lo tanto, lo boicotearán.

Ante esa instancia, y cuando el proyecto de ley ya está listo para enviarse al Congreso, el Gobierno comenzó a analizar la posibilidad de crear el Consejo Económico y Social a través de un decreto.

En España, el Consejo Económico y Social tiene la categoría de un ministerio, con miembros que asesoran directamente al Gobierno y al propio rey Juan Carlos sobre cuestiones de Estado. Pero tiene, además, una función estratégica: dar el visto bueno a los anteproyectos de ley que son enviados a las Cortes. Si Cristina de Kirchner decide crearlo aquí por decreto, será difícil que esa facultad pueda tener fuerza práctica.

De todas formas, para modificar en la Argentina el proceso de sanción de las leyes, no haría falta solamente una votación en el Congreso, sino directamente una reforma constitucional, por lo que ese visado de los proyectos podría terminar siendo un aditamento decorativo del Consejo Económico y Social.

Mientras tanto, más sectores siguieron subiéndose a ese tren del corporativismo que será el consejo. La UIA, que se anotó como primer promotora de la idea, quizás pensando que la discusión de salarios será allí más manejable o que podrá compensarla exigiendo una devaluación, volvió a insistir ayer con la importancia de ese ente como “un espacio de construcción de consensos”. Pero insistió en que el campo debe tener su lugar en la mesa. Las entidades del agro, de todas formas, siguieron sin recibir invitación alguna.

Tras una reunión directiva, la central empresaria emitió un comunicado en el que destacó que los consensos que podrían resultar del CES serían claves tanto para la coyuntura como para el mediano y largo plazo del país. Fue un leve mensaje hacia el Gobierno sobre la necesidad de discutir algunos de los problemas que no encuentran solución en medio de la crisis.

Si la UIA tiene su lugar, era imposible que la Confederación General Económica no reclamara también el suyo. Guillermo Gómez Galizia también pidió lugar en el Consejo Económico y Social: “El diálogo es un ejercicio permanente, para lo cual es bueno que se concrete a través de una ley para que perdure en el tiempo”, dijo. “La CGE históricamente impulsó la creación del Consejo Económico y Social”.

Como en España, donde participan todas las corporaciones que representan intereses, como pescadores, agricultores o los representantes trabajadores del hierro y el acero, además de las centrales sindicales, en la Argentina los dueños de escuelas privadas también quieren un asiento. La Confederación Argentina de Instituciones Educativas Privadas y la Cámara Argentina de Enseñanza Privada le dieron ayer “decidido apoyo, respaldo y adhesión” a la idea del Consejo Económico y Social a través de dos cartas enviadas al jefe de Gabinete, Sergio Massa.

“Desde el sector que representamos y en virtud de nuestra tarea educativa sabemos de la importancia del trabajo cuando integra a todos los actores de un proceso y de la riqueza que conlleva la diversidad de sus componentes”, dice el escrito.

En el Gobierno cada ministro ya colecciona estos pedidos de adhesión al Consejo como si fueran figuritas para intercambiar luego dentro del nuevo organismo una vez que comience a funcionar y se discutan allí no sólo salarios y precios, sino tipo de cambio y una vista previa de las medidas económicas, como pidió la UIA.

Ayer, la central empresaria se reunió con el ministro de Asuntos Estratégicos de Brasil, Roberto Magabeira Unger. Fue el momento de analizar la idea del Gobierno y volver a apoyar el Consejo. Era obvio que Ignacio de Mendiguren, como hincha fanático de las intervenciones estatales, iba a estar entre los primeros promotores del Consejo: “Se lo digo al campo, al Gobierno y a nosotros: para mí la Argentina no da para una confrontación más en este momento; cuando uno tiene una crisis, la energía, tanto productiva como los recursos humanos, deben ponerse en conjunto para superar la crisis”, dijo.” (Cfr. Diario “Ámbito Financiero” del 18.02.09).

Así las cosas, propiciamos mediante este proyecto una mesa de diálogo lo más amplia posible, de modo que la articulación entre lo público y lo privado sea sólidamente consensuada y con proyecciones de perdurar en el tiempo. En ese orden de ideas y tomando las palabras del Presidente del CES español, Sr. Marcos Peña, entendemos que “en una sociedad cada vez más compleja se hace imprescindible el diálogo, la búsqueda de puntos de encuentro, la tolerancia ante las discrepancias, como instrumentos básicos para el mismo desarrollo social, para construir una sociedad más justa, más participativa y abierta.”

En suma, la convocatoria a una primera reunión que inicie un merecido diálogo institucional entre los principales actores políticos, sociales y económicos de nuestro país en aras a lograr la creación suficientemente consensuada del Consejo Económico Social de la República Argentina, es una tarea impostergable para este Cuerpo Legislativo, razón por la cual solicitamos a nuestros Pares nos acompañen con este proyecto de ley.