Los diputados radicales Alejandro Nieva y Miguel Angel Giubergia presentaron un proyecto de Ley por el que se solicita la prórroga y el cumplimiento de la Ley de Emergencia de Tierras de las Comunidades Originarias del país, Nro. 26160, que hoy tiene vigencia hasta noviembre de 2010. Esta Ley plantea que deben suspenderse “la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras contempladas“, y que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) debe realizar un relevamiento técnico-jurídico de las tierras ocupadas, antes de noviembre de 2009, entre otras cuestiones. La aprobación de este proyecto llevaría esa fecha límite a noviembre de 2010.

Se solicita, además, que el organismo competente informe, cada seis meses, al HCN acerca de los avances alcanzados en dicho relevamiento.

Paralelamente, se presentó ante el INAI, un pedido de informes en el que se le solicita, indique: en qué se han utilizado los 30 millones de pesos asignados por la Ley 26160, para el relevamiento de tierras; qué territorios se relevaron; datos estimativos de los territorios pendientes de relevamiento y plazo para su finalización; qué políticas implementará el organismo para evitar las desposesiones y desalojos, luego de vencido el plazo de suspensión de los mismos y cuantas comunidades se encuentran inscriptas en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas.

“Según tenemos entendido, por lo que nos informaron miembros de la Comunidad Wichí, cercanos a la ciudad de Tartagal, provincia de Salta, muy pocas comunidades han sido relevadas, en cuanto a su ocupación de territorios. En ese sentido nos preguntamos en qué han estado utilizando el dinero destinado a esa tarea, los funcionarios del INAI. Pero lo que más nos importa es cómo, existiendo esta ley, y estando las tierras ocupadas por los pueblos originarios, se hallan aprobado tantos desalojos de tierras y tantos desmontes”, declaró el diputado Nieva.

“El cumplimiento de la Ley de Emergencia de Tierras de las Comunidades Originarias es uno de los pasos necesarios para que estos pueblos vivan dignamente, para que no pierdan sus hogares por las topadoras que llevan adelante los desmontes y para que puedan seguir utilizando las riquezas de la tierra para alimentarse. Por eso mismo, solicitar la prórroga de esta Ley y su cumplimiento es de vital importancia”, opinó el diputado Giubergia.

Los desmontes afectan la biodiversidad, disminuyen la fertilidad del suelo, obturan los ríos naturales con sedimentos y aumentan la magnitud de aludes y crecidas.

Este proyecto intenta dar impulso a una de las demandas incumplidas por el Gobierno nacional relativa a la protección y el reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos originarios, muy castigados por el alud de lodo y agua que azotó la ciudad de Tartagal hace pocas semanas. Además de proteger los bosques y flora nativa del país.