Tras cuatro meses de la promulgación de la ley que unificó los aportes de jubilados y pensionados con los recursos capitalizados en las AFJP no se observa que "exista desde el Gobierno la voluntad de avanzar en la conformación del Consejo Asesor que debe definir la utilización de dichos recursos" se expresa en los fundamentos del proyecto de resolución que presentaron los titulares de las bancadas opositoras.
Adrián Pérez, Oscar Aguad y Silvia Augsburger, presidentes de los bloques de diputados nacionales de la Coalición Cívica, Unión Cívica Radical y Partido Socialista, exigieron la instrumentación de los mecanismos contemplados para monitorear al Poder Ejecutivo en el manejo de los fondos de la ANSES, que suman más de 91 mil millones de pesos y de los cuales hasta hoy se han invertido unos 30 mil millones de pesos, sin ningún tipo de control.
Pérez, Augsburger y Aguad solicitaron al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Fellner, que se incluya en el orden del día de la primera sesión de la Cámara baja la designación de los seis diputados que integrarán la Comisión Bicameral de Control de los Fondos que maneja la ANSES.
Además exhortaron al Poder Ejecutivo a conformar el Consejo Asesor, tal como lo establece el artículo 12 de la ley 26.425, que deberá conformarse con representantes de las organizaciones de los trabajadores, empresariales y de entidades bancarias, Poder Ejecutivo y Congreso de la Nación, para monitorear el uso de los aportes de los jubilados.
“Transcurridos poco más de cuatro meses de la promulgación de la ley que unificó los aportes de jubilados y pensionados con los recursos capitalizados en las AFJP no se observa que exista desde el Gobierno la voluntad de avanzar en la conformación del Consejo Asesor que debe definir la utilización de dichos recursos” se expresa en los fundamentos del proyecto de resolución que presentaron los titulares de las bancadas opositoras.
"Hay que tener presente -continúa- que sobre un fondo que excede los 91 mil millones de pesos, hasta la fecha la ANSES lleva invertidos más de 31 mil millones de pesos en planes de préstamo de consumo y obra pública sin que se hayan instrumentado ninguno de los controles, llevando así a un flagrante incumplimiento de la ley y a una desaprensión por el monitoreo de las decisiones de inversión que se adoptan sobre los recursos que corresponden a los beneficiarios del sistema", concluyeron.