Utilizó el tema para cuestionar a la oposición y prometió que la reforma a la norma tendrá basamento internacional.
No sobraron anuncios en la inauguración de las sesiones ordinarias que encabezó Cristina Fernández. Pero una norma que prometió enviar este año es la reforma de la Ley de Radiodifusión. Sobre el tema se refirió en el acto celebrado en la residencia de Olivos donde anunció los detalles del plan para renovar computadoras y allí habló de ese proyecto y también de la postura de la oposición.
Precisamente a estos últimos acusó de impulsar una suerte de "movimiento me opongo a todo", en réplica a las críticas a la reforma prometida por la Presidenta.
Cristina no nombró a Gerardo Morales, pero a él se refería, por cuanto el jefe del radicalismo expresó sus discrepancias con la propuesta. En su estilo coloquial pero severo, la Presidenta comentó haber leído declaraciones de "algún legislador de la oposición que se oponía al proyecto de Ley de Radiodifusión".
"Hay un movimiento nuevo en la Argentina, yo digo el movimiento me opongo a todo; no se sabe de qué se trata pero me opongo igual por las dudas", sostuvo, agregando que "en realidad todavía el Gobierno no ha presentado ningún proyecto".
En cuanto a la iniciativa, aclaró que la misma irá en el sentido de "una democratización de la información y una pluralidad de las voces en la Argentina", aclarando que "nadie va a plantear ningún proyecto, ningún modelo que no tenga su basamento, su andamiento precisamente en estos estándares de los grandes países que están a tono con este desarrollo y avance tecnológico".
En su defensa del proyecto, aclaró que su objetivo será "adecuar los instrumentos legales que tiene el Estado en materia de comunicaciones y en materia de radiodifusión".
"Hasta la propia palabra radiodifusión suena antigua", sostuvo la presidenta, puntualizando que en los tiempos en que fue impulsada la norma vigente (1980), "sólo existía el fax y fax muy precarios". El proyecto que impulsará su Gobierno prevé tener en cuenta el salto tecnológico, ya que -dijo- "si a este salto tecnológico no lo dotamos de un marco jurídico puede resultar contradictorio y no permitir el acceso a todos los ciudadanos, a todas las voces y a todos los pensamientos".