La apelación del gobierno de la Ciudad al fallo que suspendió la entrada en vigencia del Registro Público de Comercio y Controlador de Personas Jurídicas, provocó que un juez se declarara incompetente para continuar actuando en la causa.
Ante la apelación del gobierno de la Ciudad, al fallo que suspendió la entrada en vigencia del Registro Público de Comercio y Controlador de Personas Jurídicas, el juez nacional en lo Comercial Nº 15, Máximo Astorga, se declaró incompetente para continuar actuando en la causa. El recurso apelativo había sido tramitado a través de la Procuración General.
Ante la apelación del gobierno de la Ciudad, al fallo que suspendió la entrada en vigencia del Registro Público de Comercio y Controlador de Personas Jurídicas, el juez nacional en lo Comercial Nº 15, Máximo Astorga, se declaró incompetente para continuar actuando en la causa. El recurso apelativo había sido tramitado a través de la Procuración General.
El magistrado había hecho lugar a principios de febrero a una presentación de la Fiscalía General de la Cámara Comercial para que se suspendiera -por medio de una medida cautelar- y se declarara inconstitucional la ley 2.875 que creó el registro.
Así, el juez Máximo Astorga dispuso la suspensión de la ejecución de aquella norma hasta tanto se dilucide el fondo de la cuestión, la constitucionalidad o no de aquel registro.
El dictado de la cautelar había sido solicitado por la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Alejandra Gils Carbó, que adujo que “la creación de un Registro Público de Comercio paralelo usurpa competencias de la Inspección General de Justicia”.
