Ante la problemática de la falta de monedas para viajar en el transporte público, dos diputados nacionales presentaron un proyecto de ley para obligar a las empresas de colectivo a aceptar billetes para pagar el boleto. De ser ley, el chofer que no transporte a un pasajero irá preso.
De Alsina a Morón se configura una misma problemática para los usuarios del mítico bondi que se transforma en el más “odiado” y “padecido” invento argentino. La desidia del Estado Nacional y la falta de acciones de la Secretaria de Transporte, permiten que las empresas de líneas de colectivos manejen según sus intereses la circulación de monedas, extorsionando a los pasajeros a comprar bolsas de monedas y pagarles un porcentaje.
Según testimonia una pasajera, las empresas de transporte del sur del conurbano bonaerense obligan a comprar bolsas por más de cien pesos y retienen el diez por ciento. Si bien está a la vista de todos y el Gobierno nacional ya anunció la tarjeta magnética para viajar en los transportes públicos, la problemática continúa.
Ante esta difícil situación, según constató Parlamentario.com , los diputados nacionales del Movimiento Popular Neuquino, Hugo Acuña y José Brillo, presentaron un proyecto de ley para garantizar el uso del transporte público para los usuarios que no tengan monedas.
El proyecto no deja lugar a dudas. “Hasta que se implemente un nuevo sistema que no exija el uso del dinero efectivo para viajar en colectivo, los usuarios que no posean monedas para pagar con exactitud el precio del pasaje y ofrezcan al chofer igual o mayor cantidad de dinero en billete, éste tendrá la obligación de transportarlos al destino solicitado, y si no contare con cambio en monedas para darles el vuelto, sólo podrá percibir un valor inferior al precio del pasaje hasta donde cubra el billete más próximo”.
Asimismo, se impondrá pena de 1 a 3 años de prisión al chofer que, “arguyendo falta de cambio en monedas, impidiere que un usuario portador de billete de papel suficiente como para abonar el precio del pasaje”.
Con respecto a las empresas que lucran con las monedas, la iniciativa impondrá pena de 1 a 25 años de prisión al que por cualquier medio “retaceare, impidiere u obstaculizare, en forma temporal o definitiva, la circulación de las monedas que no requieran con motivo del acopio necesario al fin del justo cobro por la venta de pasajes o boletos en el servicio que presten, con el propósito de perturbar, retardar o impedir el normal desarrollo del servicio de transporte colectivo de pasajeros de la Nación”.
