La vicepresidenta tercera de la Cámara de Diputados, Marcela Rodríguez, afirmó que "el Gobierno quiere quebrar la independencia del Poder Judicial” y así plantó bandera ante el constantes críticas que el Gobierno realiza al Poder Judicial y a la Corte Suprema de Justicia.

En primer lugar, Rodríguez expresó que “la demora del PEN, para designar jueces, tanto en manos del ex presidente Néstor Kirchner como de la actual presidenta es un hecho incontrastable de la realidad. Solo hay que mirar los números de las ternas remitidas por el Consejo de la Magistratura y sus respectivas fechas y los números y fechas de los pliegos enviados por la Presidencia al Senado de la Nación”.

Según la diputada de la CC, “el ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández, demostró esta demora al afirmar que, en 2008, el Gobierno había designado a 137jueces frente a 29 del año anterior. Además, el propio gobierno afirma que se sancionó la ley de subrogancias, -de manifiesta inconstitucionalidad al excluir la participación del Consejo de la Magistratura, sobre la alegada pretensión de acelerar los trámites”. “Hasta hoy, el PEN incumplió esta ley y no ha confeccionado la lista de conjueces, por lo cual es obvio que la exclusión del Consejo no se debió al propósito alegado”, añadió.

Luego, agregó, que “el oficialismo se queja de los elevados haberes de los jueces pero se olvidan decir que sus representantes a través del Consejo votaron estos haberes. En una sola oportunidad una consejera se opuso al aumento de haberes de jueces y es la que suscribe”, recordó Rodríguez.

Sobre la ineficacia y corrupción de los jueces, al ser consultada por Parlamentario.com Rodríguez consultó irónicamente “¿Qué han hecho los representantes del oficialismo en el Consejo de la Magistratura y el PEN. al respecto durante estos largos años?”. La diputada contestó: “Han nombrado arbitrariamente a jueces; han evitado sancionar o acusar a jueces ineficientes o corruptos”. Y “llama mucho la atención que del único juez que no se espantan es del que emitió el peor fallo de los últimos días, una magistrado que se sacó un uno en el examen del Consejo de la Magistratura y que sobreseyó a Julio De Vido, a su esposa y a Guillermo Moreno en un trámite veloz. Casualmente, el concurso en cuestión fue anulado y se demoró así la posibilidad de llenar las vacantes de diversos juzgados federales en lo criminal de la Capital Federal (es decir, los juzgados más poderosos del país, por su competencia en narcotráfico, corrupción de funcionarios, delitos contra la administración pública, entre otras cosas”.

“Al cesar mi cargo en el Consejo, recordó, había elaborado varios dictámenes acusatorios aprobados por la respectiva comisión. Fueron absolutamente desconocidos. Realice una denuncia en todos los casos de prescripción de causas de vaciamiento y caída de bancos (algunos demás de una década de tramitación). Ninguno fue analizado en profundidad”, denunció la legisladora bonaerense.

En relación con el Presupuesto del Poder Judicial de la Nación para el año 2009, según datos del 1 de marzo de 2009, de la propia Secretaría de Hacienda, la Ejecución presupuestaria hasta esa fecha (En millones de peso), fue la siguiente. El Consejo tiene como crédito vigente al 1 de marzo 2.042 millones de pesos para el ejercicio 2009, de los cuales se han devengado 153,6millones de pesos, lo que implica una ejecución del 7,52%, que implica una subejecución en relación con el 16, 7 % correspondiente a dichos meses. Mientras tanto, hay jueces que reclaman no tener siquiera el mobiliario indispensable para su función. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tiene como crédito vigente al 1 de marzo 534,735 millones de pesos para el ejercicio 2009, de los cuales se han devengado 61,686 millones de pesos. Rodríguez precisa que, “Esto muestra, en primer lugar, que más de dos mil millones del presupuesto están en manos del Consejo de la Magistratura, donde los representantes de los órganos políticos suman un número de 7 sobre el total de 13 miembros. Esto es, tienen la mayoría necesaria para adoptar las decisiones sobre esta materia, aúnen contra de la voluntad de los representantes de todos los demás estamentos. No puede el oficialismo, que tiene 5 representantes, emitir queja alguna sobre el uso de este presupuesto, cuando fundamentalmente recae en sus manos. Más aún, cuando históricamente han pretendido una autorización del jefe de Gabinete para poder hacer uso de estos fondos”.

Finalmente, Marcela Rodríguez aclara que esto “no implica negar que existan jueces que ideológicamente afines con la dictadura no retracen los juicios de derechos humanos. Pero quienes somos representantes por mandato popular (ya sea la Presidenta o los legisladores) no podemos rehusar de nuestras propias responsabilidades en el ámbito que debemos honrar”.