Dos funcionarios judiciales complicados por causas que tuvieron gran repercusión en los medios en los últimos días quedaron más que complicados al conocerse la gestión del Gobierno nacional para avanzar sobre su separación.

A tal efecto se reunió el jefe de Gabinete, Sergio Massa, con el diputado Guido Lorenzino y el senador provincial bonaerense Juan Manuel Molina, para hablar sobre la situación del juez Rafael Sal Lari y la fiscal María del Carmen Gigante.

Los citados funcionarios quedaron más que complicados en causas vinculadas con la inseguridad, y según se ocupó de confirmar Massa, el objetivo del Gobierno es lograr que el Consejo de la Magistratura separe a los dos de la Justicia.

Como para mostrar de qué manera les ha bajado el pulgar el Gobierno, el jefe de Gabinete expresó que “cuando tengamos un juez o una fiscal ineficientes o incompetentes, (debemos) ponerle nombre y apellido, porque también depurando la justicia vamos a luchar contra la inseguridad”.

Con los citados legisladores provinciales se analizaron los antecedentes del desempeño de ambos magistrados, y se interiorizó de los detalles de las denuncias por el mal desempeño ya radicadas ante el Jurado de Enjuiciamiento.

Según pudo saberse, Lorenzino le informó a Massa que a la denuncia ya radicada en contra de Sal Lari, se sumarán presentaciones por parte del intendente de San Isidro, Gustavo Posse, y de la Asociación Civil Madres del Dolor, por la conducta del magistrado. Asimismo el legislador provincial presentará una denuncia por mal desempeño contra la fiscal Gigante, a quien se acusa haber liberado a un hombre imputado por la violación de una joven discapacitada, sólo porque faltaba la firma del médico forense en uno de los documentos presentados por la querella.

A Sal Lari, en tanto, se lo responsabiliza por la liberación de la banda que asaltó el Banco Río de la localidad bonaerense de Acasuso.

El jefe de ministros también se reunió con el secretario Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, Ulises Giménez, a quien le expresó su “preocupación acerca de la necesidad de agilizar el trámite del proceso de revisión de la conducta de jueces y fiscales de esa Provincia”.