Diputados convirtió en ley un megaproyecto contra la violencia de género. Esta norma busca garantizar una vida sin discriminación, con salud, educación, e integración física, psicológica y sexual.
La Cámara baja sancionó por una unanimidad este miércoles en la primera sesión del año, un proyecto para prevenir, erradicar y sancionar a la violencia contra las mujeres, que apunta a promover y garantizar los derechos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales.
En Diputados al igual que en el Senado, el proyecto de ley fue sancionado por una unanimidad -173 votos a favor y 6 abstenciones- luego de un largo debate que duró más de tres horas.
La defensa del proyecto la realizó la titular de la Comisión de Familia, Mujer y Niñez, Juliana Di Tulio, quien además pidió un mayor comprimiso a los legisladores para aprobar diversas temas que adeuda el Parlamento como el conflictivo tema del aborto.
El proyecto aprobado "tenía un potencial que se frustró en el camino y contiene errores" consideró la diputada la Coalición Cívica Marcela Rodríguez, quien fundamentó que esta iniciativa podría ser “más ambiciosa porque no puede incluir otra modalidad de violencia y no es integral”.
También la diputada Vilma Ibarra, presidenta de la Legislación General, protestó por la falta de la ley de Aborto y pidió "buenas leyes de educación sexual".
Con 45 artículos, el proyecto contó con el apoyo explícito de todas las bancadas en el Senado y fue la expresión de un acuerdo logrado luego de superar el trabajo en seis comisiones que debatieron el tema en los últimos meses, y que resume las iniciativas de once senadores oficialistas y opositores.
El plan apunta a garantizar derechos reconocidos a todas las mujeres, como "una vida sin violencia y sin discriminación, con salud, educación, seguridad personal, además de integración física, psicológica y sexual".
La iniciativa define como violencia contra las mujeres a "toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecta su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial como así también su seguridad personal".
El texto alude además a diversas modalidades en las que se manifiesta esta situación de violencia y menciona las que se produce en el ámbito doméstico, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, la obstétrica y las que se ejercerían desde medios de comunicación.
Establece varios tipos de violencia y las especifica como física, psicológica, sexual, económica y patrimonial y simbólica, y define a ésta como la que se realiza "a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos que transmitan y reproduzcan dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad".
También debe respetarse "a que su opinión sea tenida en cuenta al momento de arribar a una decisión que la afecte", a "recibir un trato humanizado, evitando la revictimización" y "a oponerse a la realización de inspecciones sobre su cuerpo".
Además, establece la obligación a los tres poderes del Estado de adoptar medidas para garantizar la igualdad de las mujeres y varones y fija al Consejo Nacional de la Mujer como el organismo rector encargado del diseño de las políticas públicas. Especifica los lineamientos básicos para las políticas estatales, que incluye campañas y educación y capacitación, unidades especializadas en violencia, grupos de ayuda, asistencia jurídica y atención en las áreas de salud y psicológica.
La norma crea también un Observatorio de la Violencia para que monitoree, recolecte, produzca y sistematice datos e informaciones sobre el tema.
Defendieron la iniciativa los kirchneristas Silvia Gallegos, Marita Perceval, Selva Forstman, César Gioja, Marcelo Fuente, Nanci Parrilli, Haidé Giri, Marina Riofrío, el radical Gerardo Morales, el socialista Rubén Giustiniani, y de la Coalición Cívica, María Eugenia Estenssoro, y los provinciales Carlos Rossi.