Lo hizo la Corte Suprema, que apeló al Ejecutivo y al Legislativo para aplicar medidas que permitan acelerar los juicios de lesa humanidad.
En el marco de la fuerte presión desde el Poder Ejecutivo contra los jueces por no apurar las causas, la Corte Suprema de Justicia pidió a los otros dos poderes crear una “superintendencia para delitos de lesa humanidad”. A través de ese organismo se buscaría dar celeridad a las causas por delitos de lesa humanidad.
En rigor, la función de esa Superintendencia sería la de relevar las causas en trámite, lo cual permitiría apurar las causas tal cual pidió el Ejecutivo y les enrostró el Legislativo.
El Tribunal Supremo tomó esa determinación en el marco de una acordada que puntualmente invita a “los poderes públicos del Estado, al Ministerio Público Fiscal y al Consejo de la Magistratura, a coordinar los esfuerzos para resolver las dificultades que provocan demoras en la sustanciación de los procesos judiciales”.
La Corte envió notas al Ministerio de Justicia de la Nación, al Senado y a la Cámara de Diputados invitándolos a constituir aquel organismo plural.
